Por: Nicolás Rodríguez

Hacinados y a la feliz espera de más presos

En el tema de las cárceles suele haber una gran paradoja, pues cada que la prensa nos encandelilla con un crudo reportaje sobre lo que en realidad ocurre del otro lado del muro de algún plantel (como que para dormir en un colchón en la Modelo hay que pagar tres millones de pesos), también le abona el camino con escándalos sensacionalistas y noticias espectaculares a quienes del lado político lo resuelven todo con más y más largas penas.

Así es como el hacinamiento, que acaso sea el indicador más utilizado (si no es que manoseado) para representar lo que ocurre tras las paredes de una cárcel, entra y sale de la coyuntura. En ocasiones, el mismo noticiero que logra alguna entrevista con un preso que narra sus peripecias para pasar el día a día, se la juega editorialmente por alguna causa de populismo penal con la que un político oportunista promete ponerle fin a todos los males. 

Del hacinamiento, entre tanto, todo el que puede hace un uso estratégico. En épocas de Uribe, por ejemplo, se llegó a decir que el hacinamiento era inexistente. Así fue como un Ministro de Justicia, tomando en cuenta cupos carcelarios que su administración tenía pensado entregar, no solo redujo el hacinamiento de 30 a 3 por ciento, sino que llegó a sugerir que el del país era “un modelo a nivel internacional”.

Antes de Uribe, también Pastrana le apostó al incremento en los cupos carcelarios. Bajo la facilista y muy pragmática idea del “a más cárceles menos hacinamiento”, son repetidos los momentos de la historia carcelaria reciente en que el Ministro de turno se lanza a hacer poesía eugenésica con las bondades de las nuevas instalaciones que tiene el gusto de inaugurar. Al respecto, cómo olvidar al inefable Valencia Cossio, el día de la entrega de una cárcel en Yopal y otra en Cúcuta, planteando que estos establecimientos “transformarán al hombre y a la mujer”.  

Luego las estrategias que permitieron que el hacinamiento sea un indicador de gestión política, antes que una sórdida realidad vivida por los presos, vienen de atrás. Y no parece que vayan a cambiar. El gobierno de Santos, en el que por lo menos se reconoció que el país atraviesa una crisis carcelaria, hizo lo propio promoviendo la ley de Seguridad Ciudadana que terminó por sobrepoblar lo que ya era invivible. Se rasgan, pues, las vestiduras de los derechos humanos por el impresentable hacinamiento, pero contribuyen a su empeoramiento. 

Al final, el hacinamiento es un indicador que hace parte de la política criminal pero es muy poco lo que explica lo mal que viven los criminales. Y entre estos se cuenta, por lo demás, un número altísimo de personas sin condena. El hacinamiento nos habla de un porcentaje que lo mismo puede ser alto que muy alto, y poco o nada nos dirá del reo que duerme en el baño o pasa la mayor parte de su tiempo de pie, pues sentarse es ya un beneficio que tiene su precio. Tal vez quien mejor interpreta la terrible devaluación del dichoso indicador sea el olímpico director del INPEC, brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte, para quien es preciso “llegar a niveles de hacinamiento razonables”. 

Del otro lado del espectro ideológico, de cualquier forma, la intervención del congresista Iván Cepeda en el sentido de que estamos ante una bomba de tiempo que supone, a lo lejos, la posibilidad de una tragedia (remember el incendio en Comayagua, Honduras), también lleva a la naturalización de una situación que por lo desesperada y urgente debiera dar lugar a un cambio de fondo (“¿qué tanto castigo queremos impartir y cómo queremos castigar?”, se pregunta Michael Reed). El hacinamiento, dicho de otra manera, no da espera. La bomba de tiempo, por su misma particularidad temporal, puede tardarse en llegar. O nunca ocurrir.     

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