Por: Yesid Reyes Alvarado

Hacinamiento carcelario

Se discute mucho nuevamente sobre el hacinamiento carcelario; pero mirando las propuestas de solución que se plantean, no me queda muy claro sobre qué se está debatiendo.

Creo que se están mezclando dos temas muy distintos: el de si el país cuenta o no con suficientes sitios para recluir a todos quienes deben estar en prisión, y el de si en las cárceles hay gente que no debería estar privada de su libertad. Algunas de las sugerencias que últimamente se han hecho, están orientadas a que la detención preventiva sea una medida excepcional aplicable únicamente en aquellos casos en los que existe el peligro de que la persona pueda continuar delinquiendo mientras se la juzga, entorpezca la investigación o evada la acción de la justicia. Se sugieren entonces mecanismos alternativos que puedan conseguir la misma finalidad, como las cauciones, la prohibición de abandonar el país, la detención domiciliaria, la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, etcétera.

Otras ideas tienen que ver con la diversificación de las sanciones penales, sobre el supuesto de que hay conductas delictivas que por su gravedad o debido a las circunstancias que llevaron a su comisión, ameritarían no ser castigadas con presidio; en este contexto, se menciona la posibilidad de incrementar la prisión domiciliaria, o de poner en funcionamiento figuras como el encarcelamiento nocturno (permitiendo el trabajo diurno fuera de prisión), la reclusión en fines de semana, el trabajo social no remunerado, entre otras.

Iniciativas como estas son muy útiles porque ayudan a combatir el populismo punitivo, racionalizando la utilización del derecho penal. En los últimos tiempos nos hemos ido acostumbrando a creer que la forma más rápida y efectiva de solucionar una gran cantidad de conflictos sociales es mediante su criminalización, cuando la realidad nos muestra que tenemos una justicia penal lenta (en parte porque tanto la creación de nuevos delitos como la comisión de los ya existentes son más rápidas que el aumento de la infraestructura judicial), y con poca incidencia en los factores que propician las conductas criminales. El camino correcto es profundizar en el análisis de las causas del delito para combatirlas desde el punto de vista social, con lo que se podría conseguir, por ejemplo, una sensible reducción en atentados contra el patrimonio económico, como suele ocurrir en países con bajos índices de desigualdad social.

Otra cosa completamente distinta es el hacinamiento carcelario. Si se parte de que todas las personas que hoy están en la cárcel deben estarlo, no resulta correcto intentar desocuparlas sacando gente de las mismas porque eso equivale a impunidad; por supuesto que está bien reducir el uso del derecho penal, siempre que esa decisión obedezca a razones de política criminal relacionadas con la determinación de aquellas conductas que realmente merecen ser consideradas como delictivas y sancionadas con privación de la libertad, y no al propósito de buscar cupos en las prisiones; porque si el hacinamiento es la falta de sitio para recluir a quien debe estar preso, entonces la única solución es construir más cárceles.

 

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