Por: Juan Carlos Gómez

¿Hay un plan serio para la televisión?

En días pasados se anunció que se utilizaría la ley del Plan Nacional de Desarrollo para acelerar la adjudicación de un tercer canal privado de televisión.

No se conoce ningún texto al respecto, lo que lleva a pensar que se trata apenas de una idea bastante en borrador y que no alcanzará a decantarse seriamente, pues el proyecto respectivo tiene que presentarse esta semana al Congreso de la República.

Según dicen, lo que se pretende es adjudicarle a una sola sociedad los espacios del Canal Uno, que actualmente están dados en concesión a empresas de reconocida trayectoria y credibilidad y que los colombianos respetamos y admiramos, como Jorge Barón TV, CM&, Colombiana de Televisión y NTC.

Precisamente esa es la primera razón para afirmar que la tal idea es irrealizable. ¿Cómo forzar a los actuales concesionarios del Canal Uno a que renuncien a sus contratos? La ley no puede violar el derecho a asociarse o a no asociarse ¿Bajo cuáles reglas y criterios se conformaría esa sociedad que tendría el privilegio de ser la única concesionaria? No puede favorecerse a ninguna empresa en especial, en desmedro del derecho de quienes actualmente son concesionarios en ese canal o de otros que quieran serlo.

La ley del plan de desarrollo tiene la vocación de ser la hoja de ruta para encauzar las políticas públicas en procura del desarrollo social y económico del país, ¿por qué entonces contaminarla en el tema de televisión con ideas vagas e irrealizables? Esa ley debería aprovecharse más bien para acelerar la implementación de la televisión digital y así garantizar el derecho a ver televisión colombiana radiodifundida, libre y gratuita, sin depender de los operadores de cable.

Las autoridades del servicio de televisión tienen un cúmulo de tareas pendientes y lo mejor sería que se dedicaran juiciosamente a ejecutarlas. Por ejemplo, cumplir el plazo que fijó el Consejo de Estado en la sentencia de una Acción Popular que protegió los derechos colectivos de moralidad administrativa y defensa del patrimonio público que fueron vulnerados hace cinco años, cuando se intentó adjudicar a los trancazos un tercer canal privado de televisión. No puede repetirse la historia.

 

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