Por: Patricia Lara Salive

He ahí el secreto...

Mi amiga Victoria Campo, brillante abogada samaria, me envía una reflexión sobre el crucial tema de la reforma a la justicia, que bien vale la pena considerar.

Sostiene que “ninguna reforma a la justicia será viable si en Colombia no se diseña un sistema eficiente de selección del recurso humano. Podemos dedicar el resto de nuestra existencia a expedir normas que cambien el procedimiento, señalen más causales, acorten o alarguen términos o períodos, modifiquen sistemas, aumenten edad, creen más tribunales, impongan diez instancias, etc. Pero si esas leyes las siguen aplicando los mismos seres humanos que hoy administran justicia, estamos destinados al fracaso”.

Y me pregunta: “¿Usted sí cree que los fiscales que dejaron en libertad a los ladrones de la 68 lo hicieron porque faltaba una ley que se los exigiera? ¿O que el presidente del Consejo de Estado defiende los almuerzos y los desayunos y el lobby de la “justicia” porque una ley no le impone lo contrario? ¿O que José Alfredo Escobar o Yesid Ramírez reciben botines o relojes de mafiosos porque no hay término legal que se los impida o falta una reforma constitucional que se los prohíba?”.

Por ello hay que “promover una reforma de justicia que sólo se ocupe de diseñar un estatuto de ingreso al poder judicial que, por el rigor en la escogencia, constituya una élite de seres humanos virtuosos que administren justicia”. Según la abogada, el actual estatuto de la carrera no es un buen sistema para seleccionar a los mejores, ya que un examen de conocimientos está muy lejos de evaluar al hombre integral. Por eso Victoria Campo propone que se establezca un estatuto de ingreso al poder judicial que, aparte del conocimiento y de la capacidad de comprensión de problemas jurídicos prácticos y de solución a los mismos, evalúe el equilibrio psicológico y los principios éticos de los aspirantes a impartir justicia, su vocación de servicio a la causa, su desempeño en trabajos de grupo, sus relaciones con los demás, su capacidad de liderazgo y de subordinación, y su conformidad ideológica con el sistema reconocido en la Constitución Nacional. Llegado a este punto, se realizarían un estudio de seguridad y una concienzuda visita domiciliaria y familiar.

Así, quienes pasen el proceso, pertenecerán a un selecto grupo de profesionales y de hombres de bien. Y el margen de error en su selección, será sustancialmente menor al de hoy.

Igualmente, dice ella que debe establecerse un sistema de evaluación periódica y de ascenso. Así, este, unido a ese riguroso criterio de selección, eliminaría el clientelismo en el poder judicial, que tanta mediocridad y corrupción genera, entre otras razones porque estimula que la justicia se imparta al vaivén del tráfico de influencias.

Por otra parte, esos seres humanos y esos profesionales óptimos deberían tener sueldos dignos y otros estímulos, como créditos blandos para adquirir vivienda, cupos seguros en las escuelas y universidades del Estado para sus hijos, acceso a programas de actualización jurídica cada dos años, etc.

En definitiva, la idea es que el Estado se convierta en un patrón tan eficiente y magnánimo como las grandes empresas.

Y la abogada concluye: “Tan elevada debe ser la misión del juez y tan necesaria la confianza en él, que las debilidades humanas que no se notan o se perdonan en cualquier otro funcionario público, son inconcebibles en un magistrado”.

¡Sí, mi amiga Victoria Campo tiene toda la razón!

 

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