Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Notas de Buhardilla

Hecatombe judicial

Los bochornosos hechos de corrupción en los que presuntamente estarían involucrados tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y algunos parlamentarios lamentablemente confirmaron los insistentes rumores que desde hace mucho tiempo deambulan por los pasillos del Palacio de Justicia y del Congreso. ¿Por qué esta situación, que era vox populi, permaneció en silencio durante tantos años y solo ahora estalla?

La respuesta es sencilla y contundente: no hay controles eficaces para los intocables magistrados de las altas Cortes, quienes además son dueños de un poder casi absoluto con el que arrodillan al Congreso y al Gobierno.

Y no hay controles a los togados principalmente porque un grupo de ellos se ha opuesto visceralmente a que existan, dizque para salvaguardar la independencia y autonomía judicial. Los extremos son inconvenientes. Claro que en una democracia la justicia debe ser autónoma e independiente, pero sus magistrados están obligados a rendir cuentas porque no son inmunes.

Y cuando en el Congreso se ha intentado reformar la Constitución para hacer efectivos esos controles, las altas Cortes, con su inmenso poder, intimidan a los congresistas que están expuestos a pasar ante ellas como sindicados en procesos penales o de pérdida de investidura, y logran hundir los proyectos o que la Corte Constitucional haga trizas cualquier intento de modificar ese estado de cosas inconvenientes para la democracia.

Los ejemplos abundan. Los últimos intentos de reformar la justicia han naufragado, y lo único que ha podido salvarse es el incremento de la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años de los servidores públicos, ajuste que, por supuesto, le viene bien a más de uno. La reforma electoral, propuesta por una sesuda comisión, fue sepultada sin pena ni gloria porque al Consejo de Estado no le gustó y, de la mano de su vicepresidente, Germán Bula —en desesperado trance de hacerse elegir presidente de la corporación—, ejecutó un intenso cabildeo para hundirla sin que la defendiera el Gobierno que había integrado ese panel de expertos. Y, recientemente, la tan cacareada reforma política, que tampoco le agrada al Consejo de Estado, está a punto de fracasar. Y no hay congresistas capaces de desafiar la máxima autoridad de lo contencioso administrativo mientras esta pueda despojarlos de sus investiduras.

No hay cómo vencer el cáncer de una justicia desprestigiada mientras las altas Cortes sean protagonistas de sus propias reformas. Por esa razón y por el deterioro que han sufrido estas corporaciones, en particular por la corrupción que hoy las afecta, es por lo que he venido proponiendo ya hace varios años que sean revocados la totalidad de los actuales magistrados. Esa solución que parece extremista y radical, y que afectaría a magistrados probos —que sí los hay—, es la única salida posible a esta fatigante crisis que cada vez es mayor. Este drama empezó con la corruptela de unos magistrados nombrando sus amigos o intercambiando favores burocráticos, pero hoy la tragedia se extendió a los expedientes, donde ya no es raro que se adopten decisiones sobornadas, o que se ejerzan los odios particulares de uno que otro magistrado, titular o auxiliar, sin que nadie pueda reclamar. La justicia hay que rediseñarla del todo y volver a barajar, pero dentro de un sistema judicial que merezca ser autónomo e independiente. A propósito, el exprocurador Ordóñez confirmó su calaña de mentiroso y clientelista al negar que había nombrado a la entonces esposa del magistrado Bustos, cuando sí lo hizo y, además, para mejorarle su pensión de jubilación.

Si el único mecanismo para que este desastre judicial pueda empezar a solucionarse es convocar una constituyente, pues a enfrentar ese reto. A quienes siguen ingenua o tozudamente sosteniendo que lo ocurrido es otro hecho aislado y que el sistema judicial no ha colapsado, les convendría poner los pies sobre la tierra, porque lo que se ha sabido es apenas una ínfima parte de lo que ojalá reviente de una vez por todas.

Adenda. Qué bien que las armas de las Farc hayan sido entregadas a la ONU y no a las “bacrim”, como ocurrió en el pasado.

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