Hidroituango, en contravía de la sustentabilidad ambiental

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En los últimos 4 años la Universidad Pedagógica Nacional, además de consignar en su plan de desarrollo institucional el compromiso de formar maestros para una Colombia en Paz, estructuró un eje de trabajo transversal sobre la Universidad y la sustentabilidad ambiental, el cual se fundamenta en la construcción de prácticas sociales orientadas a la reconfiguración de las relaciones existente entre el ser humano y la naturaleza, puesto que el problema central de la crisis ambiental lo constituye el modelo de desarrollo occidental que centra su existencia en las actividades humanas hiperconsumistas, la explotación de recursos naturales y el crecimiento económico ilimitado.  Este modelo insustentable pone en riesgo el equilibrio ecológico del planeta y con ello la propia existencia humana.

Este eje de trabajo de nuestro Plan de Desarrollo Institucional ha desarrollado la cátedra ambiental ofrecida para estudiantes, trabajadores, profesores y público en general de las universidades públicas de Bogotá. Las sesiones han girado en torno al pensamiento ambiental latinoamericano, la pedagogía de la sustentabilidad, la comprensión del territorio y sus dinámicas socioculturales, y la comprensión de problemas socioambientales situados en el buen vivir y en la ética del cuidado.

En el marco de los procesos formativos que hemos adelantado como institución sobre la problemática ambiental, podemos establecer un análisis crítico sobre el controvertido Proyecto Hidroituango, el cual en los últimos meses ha sido objeto de atención y preocupación pública. Este megaproyecto, en principio, se propuso como alternativa para la generación energética del país; sin embargo, desde su propia concepción no constituyó en sí una opción de energía limpia, ni una iniciativa concreta para transformar la matriz energética del país, altamente dependiente de combustibles fósiles e hidroeléctricas que a todas luces deberían ser sustituidas en el futuro por energías limpias, como la producida por parques solares, parques eólicos y otras energías renovables.

En palabras de Miller Armín Dussán Calderón, profesor titular de la Universidad Sur Colombiana, "Las represas no son Mecanismos de Desarrollo Limpio y causan graves daños socioambientales” y destruyen la diversidad biológica y cultural, en tanto impactan notablemente los ecosistemas y las comunidades de indígenas, campesinos, pescadores y mineros artesanales que habitan los territorios en los que tienen lugar estos proyectos, como el de Hidroituango, ubicado a márgenes del rio Cauca entre las desembocaduras del río San Andrés y el río Ituango, al norte del Departamento de Antioquia, afectando a doce municipios.

El controvertido proyecto ha constituido un drama social para los habitantes de los doce municipios cercanos, porque no solo ha demandado evacuaciones de emergencia por los riesgos que se registraron desde abril de 2018 (cuando existía la amenaza de ruptura de los muros de contención de la represa), sino que también ha conllevado la disminución significativa del cauce del rio Cauca causando mortandad de peces y afectación al barequeo, actividad que constituye una práctica artesanal que por mucho tiempo han usado los habitantes de la región para extraer oro y que incluso ha incluido el uso de vegetales para la separación de este metal preciado usado para la  fabricación de accesorios, proceso que al rescatar saberes ancestrales puede no generar contaminación en el agua y en el suelo.

El territorio del Cañón del Cauca, en el cual se ha ubicado el proyecto de Hidroituango ha sido escenario de disputa de distintos actores armados y ha estado colmado de intereses políticos y económicos que explican la conformación de una zona de alta conflictividad social y ambiental, evidente en reportes del Centro Nacional de Memoria Histórica que registra entre 1958 y 2017, 1029 personas desaparecidas forzadamente en los 12 municipios que hacen parte de esta región.  

Hidroituango representa un proyecto de alta conflictividad social que requiere una alternativa distinta, que puede constituirse desde la sustentabilidad ambiental basada en el respeto de la organización cultural y el equilibrio de la naturaleza, de tal forma que las comunidades puedan desplegar sus territorialidades coexistiendo pacíficamente y cuestionando la tesis del crecimiento y el progreso de capitales económicos que mercantilizan la vida.  

Como diría el profesor Boaventura de Sousa Santos, se requiere una ecología de saberes que reivindique los procesos culturales de los grupos sociales marginalizados, de tal manera que los saberes ancestrales de campesinos, indígenas y de los diversos actores sean reconocidos, descentrando de esta forma las ideas de crecimiento económico, progreso, desarrollo y bienestar sustentados en la concepción occidental.

De hecho, se hace necesario articular la justicia ambiental a la sustentabilidad, con el ánimo de adelantar procesos que consideren los derechos humanos en contextos ambientales, garantizando la creación de un proyecto político y pedagógico en las comunidades que oriente la articulación entre conocimientos tradicionales y científicos, que reivindique la pluralidad cultural, la democracia participativa y los derechos de las comunidades. La construcción colectiva de una propuesta de formación ciudadana desde la perspectiva de la sustentabilidad, cuyo epicentro sea combatir las inequidades y los desequilibrios ecológicos, sería un primer paso para evitar tragedias socioambientales en un país que a la fecha presenta 127 conflictos ambientales, de acuerdo con el Atlas Global de Justicia Ambiental de la Organización EJOLT, lo que convierte a Colombia en el segundo más inequitativo en temas ambientales, después de la India.  

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