Hollman Morris, ¡renuncie a su candidatura!

Por Juan Manuel Ospina Sánchez

Las recientes acusaciones que pesan sobre el actual candidato a la Alcaldía de Bogotá, Hollman Morris, una por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, otra por actos sexuales violentos, y una más por acoso sexual, deberían ser suficientes para que el aspirante por el partido MAIS renuncie a su candidatura.

Las denuncias que realizó Patricia Casas, esposa de Morris, en las cuales describe escenarios de violencia doméstica e inasistencia alimentaria, a diferencia de lo que pueden opinar algunos, no son de la esfera privada del candidato. En un país en el que se registraron en 2018 más de 122.000 casos de violencia contra la mujer, y en donde el principal agresor sigue siendo la propia pareja, resulta claro que estamos ante un problema estructural.

Esa idea de que “la ropa sucia se lava en casa” ha sido una verdadera mordaza para las personas maltratadas, y hace que un tema que debería ser objeto de debate público sea más opaco. Ocasionalmente podemos ser testigos de situaciones de maltrato físico o psicológico en nuestra comunidad, pero pensar que estos son “problemas de pareja en los que no hay que meterse”, invisibiliza situaciones graves de violencia que hemos naturalizado.

El escenario que enfrenta Morris lo incapacita para gobernar, ya que sobre él pesan graves acusaciones respecto a un tema que le concierne a la ciudadanía y que mellan su legitimidad de cara a un eventual gobierno. Bogotá no necesita otro alcalde cuya gobernabilidad empiece cuestionada ante la presunta comisión de delitos relacionados con la agenda pública de la ciudad. El próximo burgomaestre capitalino tiene en sus manos la articulación y definición de políticas públicas sensibles frente a temas de género, un asunto que de por sí ya resulta polarizante. ¿Qué tipo de autoridad política puede ejercer una persona sobre quien pesan cuestionamientos tan serios?

Igualmente preocupantes resultan las denuncias de María Antonia García. La periodista afirmó que Morris, hace ocho años, la manoseó y le besó la boca a la fuerza durante una entrevista. Lina Castillo —quien trabajó en el Concejo con Morris— también alzó su voz para denunciar al candidato. Según ella, Morris le hacía comentarios machistas sobre su apariencia física, e incluso llegó a tocarle las piernas sin su consentimiento.

El hecho de que existan tres denuncias independientes en contra de Morris, una que proviene del seno de su propia familia, descarta que en contra del mismo se esté fraguando una conspiración, y por otro lado pone de presente —de ser ciertas las acusaciones— que sencillamente Morris reproduce comportamientos peligrosamente sexistas.

Es importante aclarar que Morris no ha sido vencido en juicio y que su presunción de inocencia permanece incólume. Casos como el de Brett Kavanaugh, magistrado de la Corte Suprema de EE.UU, o el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, dan cuenta de que la presunción de inocencia es un estándar judicial. Sin embargo, el ejercicio de la función pública exige un estándar más alto de legitimidad que permita el desempeño del cargo, por cuanto las acusaciones razonables siembran dudas que afectan la gobernabilidad ante el tribunal de la ciudadanía, esencial para la democracia. En últimas, comprender las diferencias entre ser responsable políticamente y ser responsable penalmente resulta importante.

De lo que se trata aquí no es de condenar a Morris —para eso existen los jueces—, sino de preservar la legitimidad, gobernabilidad y majestad de las instituciones, así como de permitir que estas acusaciones, que si bien no están demostradas, se puedan discutir a fondo y sin presiones políticas. En ese sentido, sería dignificante para Morris y las presuntas víctimas que el candidato diera un paso al costado en sus aspiraciones políticas.