Homofobia guerrillera en Vistahermosa

Mauricio Albarracín
19 de septiembre de 2017 - 09:00 p. m.

“Vivir bajo sospecha” es el título del revelador informe de Colombia Diversa, donde se reconstruyen dos casos de violencia y discriminación contra las personas LGBTI por parte de los actores del conflicto armado. Esos dos casos perpetrados por el Frente 27 de las Farc-Ep y el Bloque Montes de María de las Auc nos permiten analizar cómo vivían y qué riesgos corrían las personas LGBTI en las zonas controladas por estos grupos armados ilegales.

Durante la zona de despeje del Caguán, el activista Álvaro Miguel Rivera denunció la orden de las Farc-Ep de realizar pruebas obligatorias de VIH a los habitantes de Vistahermosa, así como la persecución contra personas LGBTI debido a que las asociaban con el virus. Esta denuncia quedó consignada en el informe de Amnistía Internacional Cuerpos marcados, crímenes silenciados, y era reiterada en otros informes sin conocer los detalles de los hechos ni a las víctimas. Después de 17 años con más información sobre un caso que nos permite comprender más sobre la historia de la discriminación en Colombia.

Verónica y Jenny se despertaron un día de abril del año 2000 a las 6 de la mañana por el llamado de la hermana de una de ellas. “Verónica tiene SIDA” decían seis grafitis que habían aparecido en Piñalito, un pequeño poblado a orillas del río Guejar, jurisdicción del municipio de Vistahermosa. Verónica y Jenny vivían juntas y tenían una peluquería que les permitía el sustento económico. A pesar de que miembros de las Farc acudían a la peluquería, ellas nunca se sintieron seguras con su presencia y, en ocasiones, las agredían física y verbalmente en razón de su orientación sexual e identidad de género. En Vistahermosa se sabía que a los integrantes de las Farc no les gustaban las personas LGBTI. Cuenta el informe que algunas personas LGBTI sufrieron insultos como “marica hijueputa”. Otra asegura que “si las personas se mostraban como eran y se volvían visibles las Farc-Ep les daban un plazo máximo de 24 horas para irse”. Se asociaba a las personas LGBTI con “los viciosos”, las enfermedades de transmisión sexual y, en algunas ocasiones, se les señaló de ser “chismosos” e informantes del Ejército.

Esa misma mañana, los escoltas de alias Pitufo, quien era comandante del Frente 27 en Piñalito, llegaron a buscarlas. El jefe guerrillero las obligó a escribir una lista de “todos los miembros de la población LGBT, “incluso los de clóset”, así fueran milicianos, traquetos o raspachines, puesto que quería tener control sobre la gente” (página 40 del informe). Pitufo les dio tres días para ir a la cabecera municipal de Vistahermosa a hacerse la prueba de VIH y demostrar que no vivían con el virus. Ese mismo día, un miliciano de las Farc fue a buscarlas de nuevo para hacer un recorrido por el pueblo. Sin embargo, lo que Verónica y Jenny no sabían es que la lista de nombres que le habían dado al jefe guerrillero había sido puesta en un sitio público. La gente las insultó y las apedreó; sus vecinos les gritaron “degeneradas, mentirosas, cochinas, enfermas, sidosas”.

Verónica y Jenny huyeron a Villavicencio después de estos hechos. Sin embargo, las Farc dieron la orden de hacer pruebas obligatorias de VIH a toda la población del municipio, que ellos mismos pagaron. Las juntas de acción comunal coordinaron la realización de las pruebas y se practicaron en el Hospital de Vistahermosa. Según un exfuncionario del hospital, se realizaron alrededor de 25.000 pruebas obligatorias y las personas recibían un carné que luego la guerrilla podía exigir.

Lo que ocurrió en Vistahermosa fue una tragedia colectiva producto del estigma. Las Farc, y en particular quienes dieron las órdenes y las ejecutaron, deben responder ante la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad. Las víctimas directas de estos hechos deben ser reparadas y las Farc deben pedir perdón a todas las personas LGBTI por haber violado la dignidad humana de una población históricamente discriminada. Además las Farc deben explicar si esto se trató de una política institucional e informar si ocurrieron hechos de violencia y discriminación contra la población LGBTI en otros lugares bajo el comando y control de la organización.

¿Cómo fue la vida de las personas LGBTI en las zonas controladas por la guerrilla y los paramilitares? ¿Qué violaciones de derechos humanos sufrieron? ¿Tuvieron que huir por miedo a ser asesinados o violentados? ¿Cómo fue la vida de los integrantes LGBTI de la guerrilla y los paramilitares? ¿Fueron asesinados integrantes de la guerrilla y los paramilitares por su orientación sexual e identidad de género? Estas son solo algunas preguntas que debemos exigir que se contesten ante los mecanismos de justicia transicional.

* Investigador de Dejusticia y activista LGBTI.

malbarracin@dejusticia.org

@malbarracin

 

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