Por: Tulio Elí Chinchilla

Honduras y aporías constitucionales

EL CALLEJÓN SIN SALIDA INSTITUcional al que llegó Honduras patentiza los riesgos de ciertos textos constitucionales ambiguos y maleables como discursos justificadores de posturas antagónicas.

Una norma como la del Art. 87 de la Carta hondureña que reconoce “el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la trasgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”, es un agujero negro que devora la estabilidad institucional y avala retóricamente cualquier pronunciamiento de facto.

Extraño derecho este que faculta al pueblo a “separar en cuanto sea necesario a los funcionarios trasgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida en la Constitución...”. Pero, si ese “pueblo” ha de ser más que una entelequia difusa cuya vocería se autoadjudica cualquiera —un Mesías criollo, una tosca élite militar o una minoría intensa iluminada—, la voluntad del soberano tiene que verterse en procedimientos reglados exigentes, verificables cuantitativamente y sometidos a la revisión acuciosa de jueces independientes.

Si bien según el Art. 88 de aquella Constitución, la violación de la “alternatividad en el ejercicio de la Presidencia de la República obliga a la insurrección”, tal canon omite señalar tanto el sujeto institucional destinatario de tan exótica obligación constitucional como el cauce legítimo para reconducir la insubordinación ciudadana a la normalidad. Más inasible aún se torna este derecho cuando el Art. 2º autoriza en abstracto —sin que se sepa a quién— a deducir “de oficio o a petición de cualquier ciudadano” la responsabilidad por tales violaciones al orden fundamental de la Nación.

Ética y políticamente es atractiva la norma del Art. 3º cuando establece que “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen”. Sin embargo cabe preguntar: ¿Contra cuál de los dos presidentes que reclaman legitimidad —Zelaya o Micheletti— se invocaría la desobediencia civil? Para que el pueblo pudiera ejercer “el derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional” (Art. 3º), sería preciso identificar primero al responsable de haber roto dicho orden fundamental. Asunto que depende de valoraciones políticas poco apacibles.

Antes que rellenar nuestras adiposas Cartas con declaraciones ampulosas y grandilocuentes, la estructura normativa de una democracia constitucional necesita un anclaje de reglas procesales y una cultura de respeto por los procedimientos. Lo dijo Bobbio: la democracia no es más que un procedimiento reglado que permite desembarazarnos de los malos gobernantes sin tener que acudir a la fuerza. En ausencia de tribunales internacionales garantes de la democracia procesal, una buena opción sería propiciar el retorno a los procedimientos que la propia Constitución de Honduras tiene previstos.

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