Por: Jaime Arocha

Horror evitable

Por los vaticinios de las recientes, podría ser posible que unas semanas después del 7 de agosto de 2014, la página web de Fedepalma reedite la crítica que en 2007 le hacía a la Ley de Negritudes (70 de 1993) por las limitaciones que imponía para extender “áreas de cultivo y generar proyectos a gran escala”. Le solicitaba al gobierno del presidente Uribe evaluarla a propósito de la “conservación ambiental y el desarrollo económico, cultural y social…” El aterrador regreso al pasado podría implicar que, luego de haber retornado a sus comunidades, pobladores como los de los ríos Cacarica, Curvaradó y Jiguamiandó tuvieran que volver a conseguir cajas de cartón para meter dos mudas, amarrarlas con pita y salir despavoridos. A Turbo o Cartagena llegarían quienes habrían escapado de las masacres propias de estos medios de monopolio territorial.

En sus lugares de exilio tendrían que meterse en la cabeza que —así como para el Centro Democrático no hay conflicto armado— tampoco existen desplazados, sino cómplices del terrorismo. Desde esa perspectiva, una nueva Corte Constitucional jamás emitiría un auto como el 005 de 2009, exigiéndole al Ejecutivo cumplir los pactos nacionales e internacionales para identificar a los desplazados afrodescendientes, garantizarles el bienestar que es posible en el ámbito del destierro y desarrollar las políticas que les aseguren un retorno seguro y digno. Esa Corte ya no tendría magistrados comprometidos con la salvaguardia de la noción de ciudadanía plural que introdujo la Constitución de 1991. Al contrario, los togados que puedan llegar a ser escogidos por la tenaza de la extrema derecha les harían coro a los propósitos del procurador, a sus representantes en el Congreso y a apoyos como el del Movimiento de Restauración Nacional. A todos ellos los une la aspiración de devolverles a Colombia el hispanismo y el catolicismo monolíticos de la nación por el cual propendía la Carta de 1886.

Es posible que los pueblos de ascendencia africana también tengan que enfrentar sectarismos raciales propios de la misma Restauración Nacional. Evitarlo requiere votar por el compromiso que suscribirá el presidente-candidato con la Autoridad Nacional Afrocolombiana en nombre del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. Involucra la reparación histórica en el marco del Decenio de los Afrodescendientes que comenzará el 1° de enero de 2015; la reglamentación e implementación de los capítulos IV, V, VI y VII de la Ley 70 de 1993, y en consecuencia el fortalecimiento de la territorialidad afrocolombiana; la integración al Plan Nacional de Desarrollo 214-2018 del Plan Integral y de Largo Plazo que en 2008 diseñaron las organizaciones de los pueblos de ascendencia africana; el Plan de Lucha contra el Racismo; la vigorización participativa de la Autoridad Nacional Afrocolombiana, así como la consulta previa.

Ante la coyuntura, líderes del movimiento afro preparan un manifiesto inspirados en la esperanza de que no “[…] se reedite la tragedia […] de la violencia oficial y paramilitar que […] han dejado una estela de miles de afrodesplazados que hoy se encuentran en un estado de subhumanidad en los barrios periféricos y semáforos de las calles de las grandes ciudades”.

 

Jaime Arocha*

 

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