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Renunciar a la discrecionalidad en la escogencia de operadores en favor de un algoritmo marcará un hito.
En estos días se conocerán los operadores de la atención a primera infancia por departamento, seleccionados por Betto, un programa de computador.
El hecho merece mayor atención. Significa que el Gobierno decidió sacrificar economía política para mejorar el servicio a los niños de cero a cinco años. El ICBF se rodeó de instituciones serias para ganar credibilidad en el paso que está dando.
El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Unicef, Colombia Compra Eficiente, la Policía Nacional (a través del Grupo de Delitos Informáticos) y empresas grandes aportaron para crear Betto: sigla de Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad.
El presidente Duque hizo la presentación de la herramienta en un evento en la Casa de Nariño. Aun así, muchos en la clase política y el engranaje clientelista se han resistido a creer que es cierto.
Si bien desde 2012 se estableció el Banco Nacional de Oferentes, que introdujo claridad en el proceso, todos saben que las direcciones regionales del ICBF han sido botín político-burocrático de alto valor por un grado de discrecionalidad en la selección de los operadores.
Muchos congresistas a lo largo de los años han recomendado fundaciones y dentro del ICBF ha existido un mercado corrupto de “cupos”, lo que ha propiciado la atomización del servicio para dejar contentos a muchos, sin importar las pérdidas de eficiencia y calidad en la atención a los niños.
La anterior directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, intentó corregir el problema y enfrentó manifestaciones locales promovidas por políticos. Ahora Lina Arbeláez dejó el cometido en manos de un software, cuyos criterios conocen los aspirantes del Banco de Oferentes de Primera Infancia.
Experiencia, hasta 45 puntos; trayectoria y ausencia de sanciones, 35 puntos; contrapartida, 20 puntos. Con estos criterios quedarán los operadores más antiguos y con mayor capacidad, sobre los cuales se podrá ejercer un mejor control institucional y social.
Sin duda, habrá que refinar los criterios y revisar el modelo, pues es mejor remunerar la administración de los operadores y hacer contrataciones por dos años para eliminar incentivos perversos y subir la eficiencia.
Sobre el impacto social de este cambio, que dejará sin contratos a operadores nuevos y pequeños, y por ende a sus empleados, el ICBF puede lograr un compromiso de los operadores seleccionados para que evalúen hojas de vida provenientes de aquellos.
Los empleos no se van a ir, como se dijo la vez pasada en las protestas. Lo que habrá es una reasignación de empleos localmente.
Pero el otro impacto social será claramente positivo: no más porciones mermadas o que faltan para los niños, no más personal de servicio desmotivado por pagos incompletos, más aportes de los operadores, entre otros beneficios.
Este tipo de mejora en la atención a la primera infancia es todavía más importante ahora por la secuela de la pandemia, que aumenta el universo de niños vulnerables que requieren atención del ICBF.
Antes del COVID-19, el 80% del universo estaba cubierto, y solo el 33% con atención integral. Más de un millón de niños no recibían los necesarios componentes cognitivo y socioemocional.
Enhorabuena se resolvió la disminución presupuestal del ICBF para 2021 y se tomó la decisión de Betto. En medio de dificultades fiscales, hay que hacer rendir la plata pública aún más.
Y en medio de un retroceso de los indicadores sociales, hay que luchar más conscientemente contra nuevas capas de desigualdad desde la niñez.