Por: Armando Montenegro

¿Ignorada en la luna de miel?

A PESAR DE LOS INNEGABLES AVANces en la cobertura, la calidad de la educación en Colombia sigue siendo terrible. Los resultados de las pruebas PISA muestran, por ejemplo, que entre 49 países Colombia ocupó el puesto 43 en ciencias y el 46 en matemáticas.

Una de las políticas más recomendadas para mejorar la calidad, entre otros, por el propio presidente Obama, es hacer que los jóvenes reciban más tiempo de clase. Algunos trabajos muestran que hay una relación directa entre los resultados de las pruebas como las PISA y el número de horas de instrucción en las aulas.

Las estadísticas parecen confirmar la validez de este punto de vista. Un niño de Hong Kong recibe más de 1.300 horas de clase al año; 1.000 en Australia y Canadá; menos de 900 en Rusia y en una escuela pública de Colombia no llega a 700. Los resultados de las pruebas PISA caen en forma paralela con la reducción del tiempo de instrucción.

Algunos estudios muestran, sin embargo, que esa política no sería útil en nuestro medio. El problema se origina en la productividad de cada hora de instrucción. Mientras que en Finlandia y Japón, por ejemplo, cada clase es impartida por maestros capacitados, con buena infraestructura y ayudas tecnológicas, con motivación de los alumnos, en muchos de los países en desarrollo todos estos elementos son escasos o inexistentes. Aumentar el tiempo de instrucción con maestros que no tienen conocimientos suficientes y con escuelas que carecen de elementos esenciales, no produce efectos significativos sobre los resultados escolares.

El estudio reciente de Victor Lavy de la Universidad Hebrea (www.nber.org/wp16227) llega a esta conclusión después de estudiar la relación entre los números de PISA y el tiempo de instrucción en 49 países. Sin embargo, Lavy sostiene que el incremento del tiempo de instrucción en países como Colombia sí tendría un impacto sobre su aprendizaje si se dan cuatro condiciones: (i) los resultados de las pruebas escolares se utilizan para calificar a los rectores de las escuelas; (ii) esos resultados se involucran en la evaluación y remuneración de los maestros; (iii) la escuela tiene autonomía para administrar a los maestros y asignar recursos para incentivar la calidad, en línea con la búsqueda de resultados; y (iv) las escuelas se califican públicamente y los padres conocen los resultados de la institución donde envían a sus hijos.

En Colombia no se ha discutido seriamente cuál debería ser un conjunto razonable de políticas para mejorar la calidad de la educación. Aunque ya existe muy buena información (resultados de pruebas y evaluaciones) y se han hecho avances que redundan sobre la calidad, no existe un modelo o modelos que los municipios y las escuelas de avanzada puedan adoptar en forma independiente para alcanzar metas ambiciosas de calidad.

Es necesario preguntarnos si el nuevo gobierno estaría dispuesto a crear una comisión de expertos de alto nivel, del país y del exterior, que estudie experiencias nacionales e internacionales y que proponga iniciativas precisas, que sirvan de base de un proyecto de ley para lanzar una gran política dirigida a mejorar la calidad de la educación en Colombia. A pesar de que éste es un tema que, por ahora, parece ausente de las prioridades públicas, no sobra repetir que es fundamental para el futuro de la sociedad colombiana.

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