Por: Luis Fernando Medina

Igualdad y Movilidad

Este fin de semana los suizos rechazaron por un margen de dos a uno una iniciativa popular que habría puesto un límite a los salarios tal que el máximo solo podría ser doce veces el mínimo.

Aunque tengo ambivalencias, creo que yo también hubiera votado en contra. La equidad y la compresión salarial me parecen metas loables pero creo que hay mecanismos mejores para lograrlas (como la renta básica a la que me referí hace ya varias semanas y que, dicho sea de paso, va camino de ser también sometida a referendo en Suiza). Independientemente de los resultados del referendo y de las bondades de la propuesta, este episodio es un ejemplo más del descontento que está generando en el mundo desarrollado la creciente desigualdad.

Por eso no es de extrañar que entre algunos sectores conservadores, especialmente en Estados Unidos, haya un intento por cambiar de tema pasando a hablar sobre movilidad social. Según esa forma de ver las cosas, lo importante no es que los ingresos sean relativamente iguales en la sociedad sino que todos los individuos tengan las mismas oportunidades de modo que el que es pobre hoy será rico mañana (o por lo menos sus hijos lo serán). Así las cosas, la desigualdad es incluso benigna: mientras mayor la brecha entre pobres y ricos, más podrá elevarse aquel que aproveche las oportunidades.

Si se aceptara este principio, los datos recientes de Estados Unidos traen malas noticias: los aumentos en la desigualdad han venido aparejados con disminuciones en la movilidad. Pero aún si no fuera el caso, el principio mismo es cuestionable: la movilidad no necesariamente debe ser el valor último de una sociedad justa.

Para que nos entendamos, en una sociedad justa y libre debe haber movilidad. Como señalaba el filósofo americano John Rawls, uno de los más influyentes pensadores de los últimos cincuenta años, el acceso libre y abierto a posiciones de responsabilidad en la sociedad es, para usar sus términos, un “bien social primario,” es decir, algo que todo individuo necesita independientemente de cuál sea su proyecto de vida. O, para usar la afortunada frase de nuestra Constitución, es fundamental para “el libre desarrollo de la personalidad.” Esto implica que en cualquier economía de mercado moderna, los ciudadanos deben tener la oportunidad de acceder a distintas posiciones, lo que puede implicar distintos niveles de ingreso.

Pero cuando tratamos de ir más allá de este nivel de generalidad las cosas se complican. Hay muchas cosas que los ciudadanos pueden hacer para aumentar sus ingresos. Algunas de ellas son iniciativas individuales como poner una empresa u obtener un título universitario. Otras en cambio resultan de iniciativas colectivas como obtener una mejora salarial en una negociación o conseguir mediante la movilización política acceso a bienes públicos tales como vías, distritos de riego y demás. Curiosamente, cuando se habla de movilidad se suele pensar únicamente en las iniciativas individuales. En los términos usuales de la discusión, las otras son sospechosas de ser “simplemente” redistributivas, de no generar riqueza.

Pero, si estamos hablando de movilidad ¿por qué habría que distinguir si se trata de actividades “productivas” o “redistributivas”? Eso es harina de otro costal. Desde el punto de vista de la movilidad del beneficiario, lo mismo da que el ingreso de una persona mejore porque terminó el bachillerato nocturno o porque logró persuadir al gobierno de terminar la carretera de la zona. En algunos casos puede que sea más provechosa la primera opción, en otros puede que sea la segunda.

Así nos encontramos con un problema: instituciones y políticas que promueven un tipo de movilidad pueden reducir otras. Por ejemplo, medidas que reducen impuestos o desregulan la actividad económica, o bloquean la negociación salarial colectiva, puede que incentiven la formación de nuevas empresas pero reducen la posibilidad de producir bienes públicos o negociar salarios más altos. La movilidad de los posibles empresarios viene en detrimento de la movilidad de quienes se habrían beneficiado de la mayor inversión estatal o de la negociación salarial más favorable. Escojo este ejemplo porque la derecha en los Estados Unidos, que tanto contribuye a fijar los términos del debate global, vive proclamando la movilidad de los posibles “creadores de empleo” pero no advierte (o sí advierte pero no lo dice) que estas oportunidades de enriquecimiento estratosférico para algunos pocos tienen el precio de impedir aumentos más modestos pero que pueden cobijar a muchas más personas.

Ante este dilema, ¿cómo escoger? Una vez más la noción de bienes sociales primarios ofrece un atisbo muy valioso. Para Rawls, en una sociedad moderna hay una enorme pluralidad de proyectos de vida y el objetivo de la estructura básica de dicha sociedad debe ser darles a los individuos los mejores medios posibles para llevar a cabo esos proyectos, cualquiera que sea el que escojan.

Existen en toda sociedad personas cuyo proyecto de vida es ascender lo más posible en la escala del ingreso. Mientras lo hagan legalmente es un proyecto que merece respeto. Pero también hay muchas personas que no comparten esa meta; que simplemente quieren asegurarse cierto bienestar económico básico para poder dedicarse a otras cosas. También son proyectos que merecen respeto. No corresponde a una sociedad justa y pluralista consagrar todos sus esfuerzos al primer proyecto a expensas de los demás.

Esto tiene una consecuencia curiosa para la retórica política. (Y la retórica a veces es fundamental.) Es común en la tradición conservadora referirse al igualitarismo como la “política de la envidia,” como la ideología de aquellos que están obsesionados con el dinero, especialmente el dinero ajeno. El igualitarismo que acabo de esbozar cambia los términos del debate. Los que están obsesionados con el dinero son aquellos que reducen todo el debate político a la movilidad de ingreso. Quienes reconocen que el dinero es un bien social primario, mas no el único, son los que están buscando balancear la movilidad que debe existir en toda sociedad libre con otras metas igualmente legítimas.

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