Reconozco como un importante avance la imputación de cargos que profirió la JEP contra los exmiembros del Secretariado de las antiguas Farc, por crímenes de lesa humanidad y de guerra, entre ellos: la toma y ejecución de rehenes, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.
No obstante, esta imputación debió haberse dado antes de su ingreso al Congreso de la República, pues en pleno siglo XXI, estando en vigencia el Estatuto de Roma, los máximos responsables de graves crímenes contra la humanidad no pueden actuar como representantes de los ciudadanos, sin estar a paz y salvo con la justicia.
Por tal motivo hago un llamado al antiguo Secretariado de las Farc para que renuncien a sus curules para someterse a la justicia, asumiendo su responsabilidad frente a estos crímenes atroces, aportando a la reconstrucción de la verdad y cumpliendo con sanciones serias y rigurosas, que conllevan restricciones efectivas de la movilidad.
Ese sería un verdadero acto de reconocimiento de responsabilidades y de arrepentimiento frente a todo al daño y dolor ocasionados. Y es la mejor forma de contribuir a la construcción de paz en Colombia y de ser aceptados por una sociedad que clama por justicia frente a estos crímenes considerados entre los más graves en contra de la humanidad. Los secuestrados por las Farc y sus familias fueron sometidos a muchos años de tortura, hasta 14 años privados de la libertad en condiciones infrahumanas, algunos de ellos asesinados en cautiverio. Realidades muchas veces comparadas con los campos de concentración de la II Guerra Mundial.
De ahí la incansable lucha de la Corte Penal Internacional para evitar la impunidad de los máximos responsables de graves crímenes contra la humanidad. La CPI señala que en el momento de la firma e implementación de acuerdos de paz “no puede cesar la persecución penal, ni se pueden suspender las penas contra quienes han cometido crímenes de lesa humanidad pues esto impediría de facto el castigo de individuos con la mayor responsabilidad por la comisión de crímenes graves de guerra u otras conductas violentas”.
Además, resalta que “el cumplimiento de las sanciones de los responsables de crímenes más graves conlleva restricciones de libertades y derechos y dependerá de la implementación de un sistema riguroso de verificación, y de si su operacionalización con actividades que no forman parte de la sanción, como la participación en los asuntos políticos, no frustren el objeto y fin de la pena”
Hoy más que nunca se hace necesaria la veeduría internacional conformada por miembros de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, para que los procedimientos y sanciones de la JEP, así como el cumplimiento de las mismas, se ajusten a los estándares internacionales.
Felicito y exhorto a la JEP a continuar avanzando por este camino, dando muestras de seriedad, rigurosidad y oportunidad, en sus decisiones y exigiendo el cumplimiento de las mismas. Estas imputaciones deben prontamente recaer sobre los comandantes de frentes, quienes también cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad. Ahora vienen las observaciones de los comparecientes y de las víctimas frente a esta imputación de cargos.
Luego se llevará a cabo la Audiencia Pública de reconocimiento de verdad por parte de las Farc. Reconocimiento que debe ser voluntario, libre, completo, detallado y exhaustivo. Posteriormente las víctimas podrán presentar observaciones a la resolución de conclusiones y a los proyectos restaurativos y sanciones que deben cumplir los máximos responsables de graves crímenes.
* Hermana del diputado del Valle Francisco Giraldo, asesinado en 2007 por las Farc.