Por: Darío Martínez

Imposibles de una reforma consensuada

Una vez más el tema de la tutela contra sentencias es la manzana de discordia entre las altas cortes en las discusiones sobre la reforma a la justicia.

En el año 1997, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado radicaron un proyecto de acto legislativo acabando con esta institución. Fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara en primer debate y luego murió por trámite en la Plenaria. El pulso lo ganó la Corte Constitucional.

El presidente Santos ha dicho que si no hay consenso en la reforma a la justicia, la decisión final la tomará el Congreso, ante el que se presentará el proyecto el próximo 20 de julio. El Congreso en este álgido asunto no dará ningún paso significativo que dirima de una vez por todas “el choque de trenes”. El enfrentamiento es evidente: Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, por una parte, y por la otra, la Corte Constitucional.

No habrá salida que colme a todos estos altos organismos judiciales y el Congreso terminará por declinar su plena autonomía como constituyente derivado, ante la imposibilidad de ser neutral. No se puede olvidar que, por un lado, los congresistas tienen al frente a sus jueces naturales, que investigan sus posibles conductas punibles y los casos de pérdida de investidura, y por el otro, a una poderosa Corte Constitucional en cuyas manos está la suerte de las reformas a la Carta y de las leyes que el Congreso apruebe, como también la revisión eventual de las sentencias de tutela. La confrontación referida ha trascendido a los organismos internacionales de justicia y generado denuncias penales entre los máximos tribunales, que cursan en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Reforma a la justicia consensuada —como aspira el Gobierno— es un imposible; impuesta por el Congreso, satisfaciendo a todas las más elevadas corporaciones de justicia, es improbable. Tal vez, el Legislativo aprobará una reforma regular sin mayores alcances sociales, dejando pendientes las soluciones de gran calado. Si ésta fuera profunda, seguramente sería catalogada por la Corte Constitucional como una sustitución de la Constitución y el desenlace, su inexequibilidad. Eso se dice, por ejemplo, de la propuesta del Ejecutivo de acabar con el Consejo Superior de la Judicatura.

Sin embargo, en el entretanto, el sistema judicial sigue en crisis y la nación en espera —con escepticismo— de un verdadero revolcón a la justicia. El audaz empeño del Gobierno no puede naufragar por un mal diseño constitucional —que es necesario enmendar—, por el dogmatismo judicial, el cálculo político, la falta de valor legislativo o el temor a la Corte Constitucional. Otro fracaso en este intento justificaría la convocatoria de una asamblea constituyente para que adelante una reforma integral de la justicia.

*Exsenador de la República

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