Por: Luis Carvajal Basto

Impuesto digital: el Estado se protege

Se trata de un acto de supervivencia: si los Estados no asumen decisiones como la que acaba de tomar el G7, al establecer un impuesto global a las “compañías tecnológicas”, se seguirá deteriorando la gestión de los gobiernos, en particular, y la de la democracia, en general.

El G7, integrado por Francia, Italia, Alemania, Japón, Reino Unido, Canadá y EE. UU. asumió la semana pasada la decisión de dejar en manos del G20 el diseño de la herramienta y la tarifa, las que deben estar listas en enero próximo. Francia se había adelantado con el impuesto GAFA (por Google, Apple, Facebook y Amazon), un 3% del valor de las transacciones, y países como España recorrían el mismo sendero, en ausencia de una reglamentación global, como la estrategia de negocios de esas empresas.

Se trata de superar, un poco tarde vale decir, vacíos de la globalización, y en sana lógica debería trascender, exclusivamente, los negocios digitales. La estrategia de establecer casas matrices en paraísos fiscales o países con baja tributación ha afectado gravemente los recursos de los Estados, como reseñamos en nuestra columna de la semana anterior (Ver aquí).

Al interior del G7, sin embargo, subsisten diferencias: Estados Unidos había tomado acciones presionando a empresas globales con origen norteamericano a tributar allí. Se ha aclarado que la actual medida no está dirigida contra alguien en particular, pero todos sabemos que ocurre en el mismo escenario en que el gobierno Trump ha lanzado su ofensiva proteccionista. Desde ese punto de vista es una respuesta natural de los demás miembros del grupo.

El asunto tiene lógica en cuanto, en el extremo, la carga impositiva “nacional” queda en manos de ciudadanos y empresas residentes, mientras las de carácter global se llevan las utilidades a países con bajos niveles de tributación o, en el peor de los casos, a ninguno mientras los Estados, en todas partes, necesitan recursos para funcionar y cumplir sus objetivos, planteando una pregunta obligada en el nuevo milenio: ¿son compatibles democracia, como la hemos conocido, y globalización? Hoy deben añadirse los efectos de la digitalización, en cuanto las conductas de los ciudadanos y la cultura política viven un periodo de profundas trasformaciones como consecuencia del cambio tecnológico.

La disminución de ingresos de los Estados, que afecta su capacidad de diseñar y ejecutar políticas, ha coincidido con la era de mayor transparencia que se conozca, un derivado del desarrollo de medios y redes sociales. Hoy, de manera inevitable, la corrupción es más notoria y los mecanismos de participación tradicionales acusan obsolescencia, produciendo un fenómeno global de pérdida de credibilidad en la política y los partidos, mucho más los históricos, aun con variaciones entre los diferentes países.

Para tomar una muestra podemos observar el cambio del mapa político en Europa en apenas unas décadas; el surgimiento de nuevos partidos y movimientos que han desplazado a los históricos, o en Estados Unidos, con el fenómeno Trump y una inédita y profunda división. También ocurre en Colombia con el desgaste de los partidos tradicionales y la aparición de nuevas fuerzas políticas como el Centro Democrático, el Partido Verde, los movimientos cristianos y otros.

El impacto de globalización y digitalización en el sistema político también se observa en la irrupción de movimientos emergentes que no encuentran espacios en los mecanismos tradicionales de participación: indignados, chalecos amarillos, etc. Expresan la necesidad de cambios y actualización del régimen político.

El Estado democrático, la mejor forma real de gobierno que ha conocido la humanidad, debe acoger esos cambios pero, en el entre tanto, no puede renunciar a la necesidad de recaudar impuestos para cumplir cabalmente sus funciones.

¿Algo está cambiando? Todo está cambiando.

@herejesyluis

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Impuesto digital: el Estado se protege

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