Por: Alvaro Forero Tascón

Impunidad política

Veintidós años después de la muerte de Luis Carlos Galán por combatir la influencia criminal en la política, Carlos Fernando Galán les retiró el aval a 60 candidatos de Cambio Radical a las elecciones locales por tener investigaciones o sospechas de vínculos con criminales.

El esfuerzo del joven Galán fue infructuoso, como antes el de su padre, pues antes que retroceder, la penetración del crimen en la política colombiana ha crecido a niveles insospechados en 1989.

A pesar de la significación evidente del hecho, ha sido presentado como un fracaso de Galán y una decisión técnica del Consejo Nacional Electoral, cuando estamos ante otro ejemplo escandaloso de interferencia del Estado en los esfuerzos por controlar la influencia criminal en la política. La decisión del Consejo Nacional Electoral, que defiende los derechos “adquiridos” de los candidatos cuestionados y no los de la sociedad, sostiene la tesis absurda de que quien otorga los avales con motivación política no puede retirarlos con el mismo criterio, en contravía del principio de que las cosas se deshacen como se hacen. Pero no es un caso aislado. Días antes el procurador se pronunció públicamente en contra de los resultados del informe contratado valientemente por el ministro Germán Vargas Lleras para detectar los riesgos electorales por vínculos de candidatos con la ilegalidad, porque según Ordóñez no tenían efectos legales por ser parainstitucionales.

Y antes, el director del Partido de la U, un partido gravemente afectado por sanciones por parapolítica, sostuvo que el informe de riesgos elaborado por la Corporación Arco Iris carece de objetividad, basándose en que el director de esa entidad escribió una columna de opinión cuestionando su gestión. Y el expresidente Uribe no ha ahorrado adjetivos para descalificar el hecho de que León Valencia haya sido contratado por Vargas Lleras para elaborar el estudio, en lugar de elogiarlo porque por primera vez un gobierno toma cartas en el asunto, y a pesar de que las denuncias documentadas por Claudia López y Valencia permitieron revelar la parapolítica y han sido comprobadas hasta la saciedad.

En veintidós años la carga de desmontar la influencia de las mafias en la política y en el Estado, que no es corrupción ni politiquería sino criminalidad pura, ha quedado en manos de algunas cortes, y de algunos miembros de la sociedad civil y de los medios de comunicación, porque el Ejecutivo, el Legislativo, los órganos de control, los órganos electorales y los partidos políticos no sólo han hecho muy poco, sino que en muchos casos han sido cómplices silenciosos del problema, lo que es doblemente grave, porque el crimen con anuencia de agentes del Estado destruye los más mínimos criterios de democracia y de civilización. La toma de la política del Valle del Cauca por dinero de la mafia es un ejemplo patético.

La impunidad política en Colombia es mayor que la impunidad legal porque los gobiernos, para disimular que sus coaliciones están atestadas de políticos aliados con el crimen, le han trasladado el problema a la justicia. Lo que equivale a dejar que la lucha contra las Farc se limite a juzgar los guerrilleros que casualmente fueran descubiertos, pues “la responsabilidad penal es individual”.

 

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