Por: Augusto Trujillo Muñoz

Impunidad sin paz

Quienes critican el proceso de La Habana porque supone una paz con impunidad, parecen indiferentes frente a la amenaza de esta impunidad sin paz que hoy vive el país.

No se trata de una impunidad cualquiera. Es una impunidad paladina que protege a quienes delinquen desde la cúpula del poder público. No hay quien los controle, ni quien los investigue, ni quien los juzgue. Pero ellos sí controlan e investigan y juzgan. Son impunes porque son aforados, y porque el organismo ante el cual rinden cuentas –la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes- es un organismo inane. Y, por supuesto, desprestigiado.

El proyecto de reforma de equilibrio de poderes va a reemplazar dicha Comisión por un tribunal de aforados, con perfil institucional semejante y con la misma concepción funcional, pero sin el desprestigio de la Comisión. Eso, significa remozar la impunidad. Sin mencionar aún que el fuero supone un privilegio y, por lo mismo, carece de sentido en una democracia que predique o garantice igualdad ante la ley o ante la vida.

La historia del derecho colombiano registra polémicas sobre el alcance del fuero sindical, del fuero militar, del fuero indígena que, de alguna manera, son más garantía que ventaja frente al ejercicio de actividades propias de tales condiciones. Pero en la visión clásica el fuero es un privilegio, una franquicia que se confiere a algunos servidores públicos para protegerlos de eventuales acusaciones que, contra ellos se profieran, con o sin fundamento. Y es a ese fuero al que se refiere la reforma en curso.

La pregunta es obvia: ¿Por qué ‘algunos’ servidores públicos tienen protección frente a eventuales acusaciones, y no ‘todos’ los servidores públicos, o ‘ninguno’ de ellos? La misma cuestión puede formularse de otra manera: ¿Tiene sentido, en una democracia, proteger al funcionario de alto rango de las acusaciones, con o sin fundamento, de sus opositores políticos y desproteger a los funcionarios de rango medio o bajo del mismo riesgo, sobre todo en un país que consagra autonomías políticas en el ámbito territorial?

Los privilegios jurídicos del aforamiento son un anacronismo normativo y su vigencia un anacronismo político. El signo de los tiempos exige suprimir todo tipo de fuero que suene a privilegio y adoptar formas rigurosas de control para altos funcionarios y, en particular, para los miembros de las altas cortes. El único funcionario aforado en Colombia debería ser el presidente de la República, sin perjuicio de los controles democráticos que garanticen el ejercicio de su poder sin abusos.

Esta impunidad sin paz resulta funesta frente a la perspectiva del post-conflicto. ¿Será capaz el Congreso Nacional de adoptar una reforma que avance hacia la abolición de todos los fueros y privilegios que aún afectan el funcionamiento de la democracia colombiana? Podrá imponer en las cúpulas del poder los controles que garanticen transparencia en el funcionamiento institucional? Si no lo hace, cuál es el camino para lograrlo? Ojalá el Congreso –ahí sí- volviera por sus fueros.

*Ex senador, profesor universitario, @inefable1

 

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