Por: Eduardo Sarmiento

Incentivos y estancamiento social

En los últimos días han aparecido informes sobre el estado social que han causado alarma y protesta. En una publicación de la CAF se encuentra que la cobertura de la seguridad social, medida tanto en términos de receptores como de contribuyentes, es la más baja de la región.

En el estudio Piza, la mayoría de los estudiantes colombianos se clasifican, entre cinco, en los dos niveles más bajos de proficiencia en ciencias; en otro de la Cepal se observa algo similar en comprensión de lecturas y se revela que la cobertura universitaria es una de las más bajas de América Latina. Diariamente se acumula información que muestra que la elevación de la cobertura de la salud no tiene una contraprestación en hospitalizaciones y citas médicas, a tiempo que las empresas incurren en graves irregularidades.

La mala calidad de los índices sociales evoluciona paralelamente a la inequidad de su distribución. En la seguridad pensional, la cobertura del quintil más alto de la distribución del ingreso es diez veces mayor que la del más bajo. El desempeño escolar, medido en términos de los puntajes en el Icfes y en el Ecaes, está peor distribuido que el ingreso. Sólo una reducida cúpula de la educación formal alcanza altos niveles de proficiencia y la baja cobertura de la educación superior está representada por los estratos altos. El sistema de salud resultó en una concentración vertical que redunda en márgenes exorbitantes de ganancias y el favorecimiento a los estratos más favorecidos. Parte de la explicación está en el traslado de la administración de los servicios sociales básicos al lucro individual.

El retraso de la seguridad social es una clara consecuencia del desmonte del sistema solidario del seguro social (prima media) y su sustitución por la modalidad de los fondos privados de pensiones. La transición significó la triplicación de las cotizaciones que impide el acceso de los trabajadores informales y de los trabajadores de bajos ingresos. Por lo demás, los cuantiosos ahorros del sistema quedaron en manos de los fondos que los movilizan a la especulación, la adquisición de papeles oficial y al exterior, con el agravante de que los riesgos son trasladados a los usuarios. Así, en los últimos días se ha visto como los afiliados han perdido 2 billones de pesos y algunas de las instituciones obtienen generosas ganancias.

La prevalencia y la rienda suelta a la educación privada no tuvieron los resultados previstos. De acuerdo con la ortodoxia del mercado, se confió en que la competencia llevaría a los colegios a prestar los mejores servicios para captar los mejores estudiantes y ampliar el tamaño. En la práctica condujo, más bien, a subir los salarios de los maestros y administradores y establecer elevadas matriculas que reducen el acceso de los estudiantes de talento de menores ingresos. La presencia de estudiantes de estratos 5 y 6 es prácticamente inexistente en las escuelas públicas, porque prefieren perder el subsidio de la educación pública a cambio de los beneficios de la exclusión. El resultado ha sido una educación segregada que impide a la mayoría de la población el acceso a la tradición familiar y cultural de los grupos altos y, aún más grave, disminuye el desempeño del conjunto. Los estudios de Piza y la Cepal revelan que el rendimiento social de la educación, o si se quiere la calidad, no es determinada por la proficiencia de la élite sino por la de los estratos menos favorecidos.

El mayor fiasco ha sido la salud. A diferencia de las previsiones de sus gestores, la competencia no ha llevado a las empresas a ofrecer servicios que guarden relación con las cotizaciones. En su lugar, se trata de actividades que disponen de amplios poderes monopólicos, por la información asimétrica y concentración vertical, que les permiten entregar los servicios que les reportan las mayores ganancias corporativas. Como se demuestra en los últimos años, el aumento espectacular de los recursos públicos del sector se queda en una elevada proporción en rentas de las empresas.

En todo esto se equivocó el país. La reforma constitucional de 1991 estableció los Derechos Fundamentales y comprometió recursos efectivos para la salud y la educación. Sin embargo, al mismo tiempo, entregó la orientación y la administración al mercado. En razón a las características de inelasticidad de los servicios y de la información asimétrica, los gestores privados han movilizado sus esfuerzos para lograr la máxima ganancia y uno de los medios ha sido favorecer a los sectores de altos ingresos que gozan de demandas más elásticas. Por eso, la duplicación del gasto social en educación y salud en la década no ha tenido una correspondencia en la reducción de la pobreza ni en la mejoría de la distribución del ingreso.

Si bien los resultados descritos se cuestionan en los editoriales y pronunciamientos, no se ha avanzado en reconocer que sus verdaderos causales son los incentivos de libre mercado y, mucho menos, en removerlos. A tiempo que se rechazan los hechos, se aplauden el modelo y las instituciones que los producen.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Eduardo Sarmiento

Cuatro años de estancamiento

Crecimiento y distribución en América Latina

Inconsistencia pensional

Las fallas de la infraestructura

Política distributiva