Por: Eduardo Sarmiento

Inconformidad educativa

En diferentes lugares se escuchan manifestaciones de molestia por la ampliación de las desigualdades.

Las áreas de mayor inconformidad son el aumento descomunal del ingreso del 1% más rico y la calidad de la educación. Por diferentes medios se presentan fuertes presiones para elevar los impuestos de los ricos y aumentar las apropiaciones presupuestales para la educación pública.

El Gobierno no respondió a las molestias. Por el contrario, el proyecto que presentó para reformar la ley 30 está orientado a elevar la cobertura y la calidad mediante la entrada de capitales y el lucro individual. En los debates que siguieron a la divulgación de la iniciativa se mostró que ésta acentuaría las tendencias inequitativas de la educación. Como lo ha demostrado la experiencia chilena, los beneficios de la educación recaerían especialmente en los sectores de mayores ingresos, acentuando las diferencias de oportunidades.

Las protestas de Chile y la resistencia generalizada condujeron al Gobierno a retirar el artículo del lucro individual y cambiar el discurso, diciendo que ahora la calidad y la cobertura se van a lograr con la ampliación de los recursos para las universidades públicas. Pero nadie sabe de dónde van a venir los fondos. De acuerdo con el proyecto de ley, los recursos del sector le dan a la educación una cuantía igual a la inflación más 3 puntos porcentuales. De allí resulta que el aumento de las apropiaciones en los próximos cuatro años sería de 12% y, en ocho años, de 24%. Basta sumar y restar para advertir que la cobertura no podría aumentarse considerablemente y, si se hiciera, sería a expensas de la calidad.

En realidad, el fracaso de la idea de privatización del Gobierno se subsanó dejando los buenos propósitos del proyecto sin instrumentos. Es la típica norma inocua que no está en capacidad de obtener los fines que se buscan. Con el aumento de los recursos contemplados en la ley no es probable aumentar la cobertura en forma considerable y mucho menos la calidad.

En todo esto falla la concepción de la privatización. El proyecto está fundamentado en la visión neoliberal de que la calidad de la educación sólo puede incrementarse con las matrículas y salarios de las universidades de élite. Se equivocan. Las universidades públicas y algunas privadas dan lugar a desempeños similares con costos y matrículas menores. No menos diciente es la experiencia internacional. Los países que obtienen mejores rendimientos en los exámenes Pisa no son los que destinan más ingresos sino los que han conformado sociedades más equitativas y sistemas educativos integrados a donde concurren estudiantes de diferentes estratos sociales.

El proyecto, en el fondo, estaba orientado a entregarle el liderazgo de la formación educativa al capital privado y a la competencia. Ante el rechazo de la propuesta, no queda más alternativa que el fortalecimiento de la universidad pública, que no se puede lograr con las asignaciones actuales; por lo menos, habría que duplicar la apropiación anual de $3 billones en seis años. Adicionalmente, es necesaria la integración de la educación a todos los niveles. Hay que conminar a las instituciones educativas, tanto de educación secundaria como superior, a destinar las ganancias para dar becas a los estudiantes de menores recursos.

La situación de Colombia es similar a la de Chile. El clamor por una educación de calidad para contrarrestar las enormes inequidades sólo se puede atender con una universidad pública vigorosa, y los Gobiernos se resisten a proceder en consecuencia, por razones ideológicas. La peor solución es aceptar la bondad de las demandas sociales sin comprometer las instituciones y los recursos en su realización.

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