Por: Eduardo Sarmiento

Inconsistencia pensional

El sistema pensional es el aspecto más crítico del gasto público y la distribución del ingreso. La privatización de las pensiones adoptada en la Ley 100 se ha convertido en una fuente de inequidades. Ni más ni menos significa trasladar el ahorro intergeneracional de los trabajadores a los fondos privados (AFP) y a los sectores de mayores ingresos de la sociedad colombiana.

En el sistema público de prima media, que operó antes de la Ley 100, las pensiones se cubrían con aportes de los nuevos cotizantes. Como por cada pensionado había 10 cotizantes, el mecanismo operaba con holgura financiera. En el nuevo sistema los pensionados tienen la opción de quedarse en el sistema público de prima media (Colpensiones) o pasar a la modalidad privada antes de diez años de la fecha de retiro.

En virtud de la solidaridad, los sistemas pensionales generan un ahorro que se traslada a las siguientes generaciones. En consecuencia, las empresas intermediarias obtienen ingresos mayores que los pasivos registrados en los balances. En las AFP, el excedente les significa grandes ganancias. En los sistemas de prima media, como el que funcionó antes de la Ley 100 y actualmente en Colpensiones, el excedente se traslada a los afiliados en la forma de pensiones mayores que las cotizaciones incrementadas por la tasa de interés de mercado. En la actualidad, Colpensiones opera con ingresos muy inferiores a los egresos y le causa al presupuesto nacional una cuantiosa erogación fiscal.

Estamos en el peor de los mundos. En esencia, se configuró un dispositivo en el cual el Estado se queda con los pensionados y los fondos privados de pensiones con los cotizantes. En las AFP, los beneficios del ahorro intergeneracional se adicionan al capital, y en el público de prima media se trasladan a los afiliados en forma proporcional al ingreso, y para completar, la inconsistencia del sistema le genera al presupuesto nacional un cuantioso subsidio. Al final se materializa una enorme transferencia de ingresos al capital y a los sectores de mayores ingresos que arruina la capacidad distributiva de la política fiscal.

Unas pocas cifras ilustran la inequidad. Sólo el 25 % de los ciudadanos en edad de retiro tienen acceso a las pensiones y los sectores de menores ingresos no obtienen ni el 4 % del valor de las pensiones. Debido al bajo acceso al subsidio pensional, el 40 % más pobre sólo recibe por la vía del gasto público el 15 % de los ingresos tributarios. Por eso, el coeficiente de Gini es igual antes y después de impuestos, y Colombia registra uno de los índices más altos del mundo.

La actitud de la actual administración ha sido elusiva. En un principio reconoció la gravedad del sistema pensional y anunció la necesidad de introducirle reformas de fondo, pero no hizo nada en las tres reformas tributarias. Se limitó a conformar una comisión que no ha resultado en mayor compromiso. Una parte de los miembros sugiere acentuar la privatización y prescindir de Colciencias, y la otra parte propone mantener el sistema actual, pero limitando la modalidad de prima media a salarios cercanos al mínimo.

Si bien la segunda propuesta es un avance en relación con lo existente, no resuelve el problema de fondo. El daño está hecho. Los pensionados actuales y los que están en la transición de Colpensiones reclamarán derechos adquiridos inmodificables. Los fondos de pensiones señalarán que las grandes ganancias están comprometidas en créditos de largo plazo al sector financiero. De seguro, la reforma se aplicará sólo a los nuevos afiliados y se manifestará luego de varias décadas. Por ahora, el país tendrá que operar con un sistema fiscal regresivo y soportar una de las peores distribuciones del ingreso del universo.

 

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