Por: Cecilia Orozco Tascón

Indicios a granel

LAS VÍAS EXTRAINSTITUCIONALES parecen ser las predilectas del Jefe de Estado, en particular en el campo de sus relaciones con la Justicia.

Pongo ejemplos famosos: en vez de solicitar que se investigara a un secretario de la Alcaldía de Buenaventura, ordenó detenerlo y “conducirlo” ante un fiscal, mientras la escena se transmitía en directo al país. En lugar de pedir que denunciaran un presunto intento de extorsión al detenido Raúl Grajales por parte de un ex asesor de la Casa de Nariño —al que apodaban El Mechudo—, el Mandatario llamó a éste por teléfono para insultarlo, y después se conoció la grabación. En cambio de expresarle sus divergencias a la Corte Suprema en reuniones formales, lo ha hecho en los micrófonos de prensa.

Un observador desapasionado podría sostener que se trata de actos espontáneos que nacen del carácter explosivo del Presidente. Pero sucede que abundan las ocasiones en las que él prefiere tomar la trocha, y por eso lo que al principio era simple incidente, tomó la categoría de un estilo de manejo del poder. La yidispolítica es el más reciente botón de la muestra. Antes de que la Comisión de Acusación lo citara a declarar, el Primer Mandatario decidió usar el canal, ese sí institucional, de divulgar un comunicado a través de la Casa de Nariño para emitir sus opiniones al respecto, “ante el pueblo y bajo la gravedad del juramento”. El doctor Uribe expresa sus puntos de vista cuando su actual Secretario General y su Ministro de Protección están siendo interrogados por la Procuraduría; su ex secretario general y su ex ministro del Interior han sido citados por esa entidad. Cuando están pendientes las versiones de ellos y de otros ex funcionarios en la Fiscalía y en la Corte. Y a días de que la Sala Penal dicte sentencia de condena contra la protagonista del escándalo. No podría haber momento más oportuno… o  inoportuno, depende de quién lo mire.

En ese comunicado, Uribe les indica a los magistrados la calificación penal que tendrían que aplicar: “…deben analizar los antecedentes penales (de Yidis)… para saber si hubo cohecho o estamos en presencia de una coartada...” y de un chantaje, según especifica. Se explaya también en demostrar que el Gobierno hace nombramientos con el único norte de la meritocracia.

Si yo fuera del entorno del Mandatario, estaría muy molesta porque su círculo cercano no le obedece, o al menos no lo hizo en los mejores tiempos de Yidis. Menciono personas que, de acuerdo con el expediente, se beneficiaron con cargos oficiales después de la aprobación de la reelección:

 • Eduardo Esquivel, amigo de Medina. Contratado en la ESE Luis Carlos Galán, el 4 de junio de 2004, mismo día de la votación.

• Carlos Correa, conocido de la madre de Yidis. Ascendido de químico a director de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, 19 días después del voto.

• César Guzmán, asistente de la ex parlamentaria. Nombrado en Etesa de Santander; en la Unidad de Atención de Desastres, del Ministerio del Interior, y como representante de ese Ministerio en el Magdalena Medio.

• Sandra Domínguez, notaria en Barranca.

• Juan Bautista Hernández, contratado en el Sena.

• Jairo Plata, nombrado en la Red de Solidaridad.

Con estas evidencias sueltas, hubiera sido mejor que el Presidente esperara para repartir una absolución general: metió en un solo canasto a todos los implicados y dejó la sensación de estrategia de grupo, no de transparencia.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Cecilia Orozco Tascón

Llegan los vengadores

Duque: de las palabras a las obras