Inflación y distribución

EL PARO DE LOS CAMIONEROS ES una muestra del tipo de conflictos y de pujas por la distribución del ingreso que se desata por las alzas de precios. Justifica todo el apoyo que debe recibir el Banco de la República en su afán de extinguir, cuanto antes, los brotes inflacionarios de la economía.

Por fenómenos originados en la economía internacional se han elevado los precios de los combustibles, las llantas y otros insumos. Se han reducido los márgenes de los transportadores. Éstos, enfurecidos, han tratado de trasladarles el problema a los industriales y agricultores a través de mayores fletes. Presionan al Gobierno para que les haga la tarea e imponga tablas de fletes regulados. Al tener éxito se afectarán las utilidades de miles de empresas. Éstas, para resarcirse, tratarán de aumentar sus precios, de manera que los consumidores y asalariados paguen el pato. Si todos tienen éxito, nadie ganará; todo el mundo quedará en las mismas, pero habrá precios más altos y se desatarán nuevas rondas de presiones y negociaciones.

Los problemas con los transportadores son un anticipo de lo que se nos puede venir con el alza de salarios. Como han subido los precios de los alimentos, el transporte y las tarifas de servicios públicos, el poder adquisitivo de los salarios se ha reducido bastante más de lo previsto al comienzo del año. Vendrán solicitudes de aumentos del orden del 8%, 10% o aún más. Si los sindicatos consiguen alzas de esta magnitud, la estructura de costos de las empresas se resentirá, y éstas tratarán, por su parte, de aumentar otra vez los precios de los bienes finales. Si lo consiguen, la inflación se incrementará todavía más, y los salarios y los fletes, de nuevo, quedarán rezagados. Vendrán más rondas de presiones y negociaciones. Todos perderemos.

Es claro lo que debe hacer y lo que no debe hacer el Gobierno. En primer lugar, no puede convertirse en un instrumento de los camioneros para aumentar los fletes y castigar así los balances de las empresas. Debe rechazar las solicitudes de restringir la oferta de equipos de transporte y de impedir la modernización de la flota de camiones en Colombia. Buena parte de los problemas de hoy se debe a que ese tipo de favores ya se hizo en el pasado en el Ministerio de Transporte. La meta del Gobierno debería ser que Colombia tuviera los más modernos equipos de transporte para asegurar los fletes más bajos, de tal forma que se aumente la competitividad de la economía.

 Pero, más allá del problema del transporte, el Gobierno debe darse por advertido con estas dificultades. Debería darle máxima prioridad a la reducción de la inflación (de lo contrario, lo que pasa con los camioneros se trasladará a otros sectores). Debería apoyar las tareas del Banco de la República en materia de tasas de interés y cooperar con la realización de un ajuste fiscal que asegure la estabilidad de la economía. Nada gana obstaculizando las tareas antiinflacionarias.

 Si el Gobierno contribuye al alza de los precios (entregándose, por ejemplo, a los camioneros) y permite que a través de los paros y las presiones los distintos grupos sociales les impongan a los demás sus exigencias (mediante bloqueos, protestas y marchas), no sólo se elevará la tasa de inflación, sino que, como un subproducto, se deteriorará el clima social y se agudizarán los enfrentamientos. Y la inflación seguirá en ascenso.

La experiencia de los años sesenta y setenta nos mostró que la inflación desata la puja y los conflictos entre los distintos sectores de la sociedad.