Informes de la negligencia

Se acerca el pico de la emergencia sanitaria en las principales ciudades del país y el Gobierno nacional intenta seguir actuando en una pasmosa normalidad. Ha negado la connotación nacional de la curva y les ha entregado a los gobiernos locales la responsabilidad de una emergencia sectorizada. La estrategia parece estar dirigida a una entrega de cifras fragmentadas que invisibilicen las cifras nacionales, y ajustar así la responsabilidad fiscal acorde a los resultados. De los billones de pesos publicitados en el programa de perogrulladas y retórica sin fin de la Presidencia no se ha evidenciado la efectividad de la inversión: los médicos siguen denunciando falta de garantías, los hospitales siguen esperando ajustes acordes a la catástrofe, y los bancos siguen cobrando los intereses de todos los deudores del país sin haber aportado una sola cifra de sus arcas desbordadas por los beneficios. No ha dicho nada la imponente oficina de comunicaciones de Presidencia sobre este inmenso desajuste en los efectos macros de la emergencia. Nadie regula a la banca desde las altas esferas del poder y no hay sugerencias ni presiones por sus pavoneos. El alto empresariado sigue gozando de las excepciones exclusivas de días con aglomeraciones permitidas mientras todas las actividades alternas para mitigar urgencias y crisis mentales continúan con la rigurosidad policial. El Gobierno no sabe explicar los pormenores de todas las logísticas, y mucho menos explicar las excepciones a ciertos sectores del privilegio. Todo parece obedecer a una respuesta generalizada a las cuotas políticas por cumplir: bancos, alto empresariado, iglesias de todos los cultos que afianzaron los votos por la tradición y anónimos inversionistas que siguen esperando respuestas rápidas del mandatario.

Por lo pronto, las estrategias de un gobierno derrumbado en imagen y posicionamiento tienen la prioridad y la urgencia de enfrentar un dramático pico sin mayores descalabros comprometedores. Los resultados evidentes del desastre los señalaría directamente por su directa responsabilidad y sus mínimas respuestas humanitarias ante la emergencia, por lo que deben ajustar los métodos más estrictos para contrarrestar los efectos adversos de su mala gestión. Al dirigir la responsabilidad a los gobiernos locales y al comunicar posibles picos por regiones, el gobierno podrá usar los presupuestos acordes a cada contexto, invisibilizando los efectos nacionales del desempleo y las consecuencias catastróficas de la Ley 100 que dejará en evidencia los intereses particulares de un negocio que se orquestó con un discurso social nebuloso sin posibilidades prácticas de enfrentar una emergencia general.

Los comunicados en el programa presidencial de televisión siguen limitados a una lúdica de símbolos sin efecto y a unas respuestas retóricas sin contundencia. El ascenso al pico exige la responsabilidad y la presencia de un Ministerio de Hacienda siempre ausente y de un presidente que no es, y que depende de los mandatos directos de los inversionistas sin rostro que lo pusieron allí para administrar sus recursos. Iván Duque lo sabe muy bien, por eso intenta jugar con cifras maleables y discursos burocráticos mientras suspira y ve llegar los días críticos, implorando los buenos vientos de un destino que lo salve de su propio infortunio.