Por: Juan Carlos Gómez

Ingeniería judicial

Inevitable la asociación. Hace unos días la imagen en llamas del edificio de la carrera décima con 14, en donde funcionan varios despachos judiciales en Bogotá, evocó la tragedia del Palacio de Justicia destruido por el fuego en 1985.

Esta vez no se trataba de un ataque terrorista. La causa era otro flagelo igualmente grave: la desidia del Estado.

Desde que se le compró ese edificio a un banco hace más de treinta años ya se podía anticipar que no era adecuado para el acceso de miles de usuarios ni para el ejercicio de la función judicial. Allí se arruman decenas de despachos sin ventilación, sin luz natural, sin espacio para el archivo ni para la celebración de audiencias. Si eso sucede en la capital de Colombia, imagínense las infames condiciones en las que se imparte justicia en casi todo el resto del país.

La presencia del ministro Vargas Lleras en esa sede de la justicia la noche del incendio es una alentadora señal de que por fin se afrontará con determinación la agónica situación de la rama jurisdiccional. La estridencia de episodios como el enfrentamiento de Uribe con los magistrados de la Corte y el espionaje a esta institución no puede disimular los graves problemas estructurales que heredó el presente gobierno en el sector de justicia. Además de restablecer el decoro en las relaciones con los jueces de la República se requiere una urgente acción del Estado para salvar la justicia.

Cada tanto se expiden leyes inocuas de descongestión judicial. Ya es suficiente. El país tiene que comprometerse seriamente en una empresa más trascendental que la seguridad democrática: la eficiencia de la justicia. Entre la morosidad y la impunidad nuestro sistema judicial es una traba enorme al desarrollo social y económico.

Es indispensable fijar metas concretas como lograr que, antes de dos años, los despachos judiciales tengan disponibles en internet sus providencias y que puedan recibir por el mismo medio los memoriales. De esta forma, se ahorrarían miles de millones de pesos en espacio, desplazamientos y recursos físicos. El rezago tecnológico de la rama jurisdiccional es un asunto más de logística que de retórica. Se requiere con urgencia un ingeniero judicial.

 

 

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