Por: Diego Laserna

Inhabilitados para pensar

Acostumbrados a tener políticos corruptos, los colombianos no nos hemos percatado de que algunas leyes parecen estar diseñadas para que sigamos viendo a todos los políticos como unos criminales.

Cada vez que alguno va a la hoguera, suspiramos con alivio sin mirar con detenimiento la norma que violó y asumiendo que sólo por el hecho de ser político es culpable y merece un castigo.  El régimen de inhabilidades para las personas que aspiran a  ocupar cargos de elección popular es un ejemplo perfecto del tipo de leyes que siempre nos seguirán comprobando que los políticos colombianos son torcidos.

Elaborado a partir del artículo 179 de la Constitución, el régimen de inhabilidades tiene como propósito establecer una serie de reglas  para que los candidatos a cargos de elección popular no tengan ventajas inmerecidas a partir de una relación privilegiada con el Estado.  Así el régimen prohíbe al aspirante haber hecho contratos con el Estado, haber gestionado negocios con el Estado, haber sido empleado público con autoridad o tener vínculos familiares con personas que ocupen puestos públicos de autoridad en la misma circunscripción, entre otros.

Considerando que el tiempo en que esto está prohibido oscila entre 6 meses y un año antes de la elección, el régimen parecería estar bien y garantizar la igualdad de condiciones para una elección. El problema es que en la práctica el régimen de inhabilidades exige a los candidatos cumplir unos requisitos que rayan con lo absurdo. La última en caer en una de estas leguleyadas fue Martha Lucía Ramírez, cuya inhabilidad fue decretada hace un par de semanas por el Consejo de Estado. ¿Cuál fue la absurda ventaja de la que gozó la senadora para resultar elegida?   Bancoldex le dio 10 millones de pesos como patrocinio a su empresa con el fin de realizar unas conferencias. ¿Constituye eso una ventaja sustancial para que ella haya sido elegida senadora? Evidentemente no, pero su comportamiento viola la norma y por eso se declaró la nulidad de su elección.

Similarmente, desde el 2007 el Consejo de Estado le ha quitado la curul o el cargo a 23 políticos, algunas veces con justificaciones dignas de Macondo. Por ejemplo en 2007 le quitó la curul a Juan Gabriel Díaz, Representante a la Cámara por el Guaviare, por haber contratado con el departamento el transporte de unos médicos a unas veredas por el valor de un millón setecientos mil pesos.

En febrero de 2009 sacó de su cargo al alcalde de Magangue,Anuar Arana, por haberle alquilado (previo a la elección)  un edifico de su propiedad a la Rama Judicial en el municipio. Y en septiembre de 2007 argumentó la causal de “gestión de negocios” para declarar la nulidad de la elección del Representante a la Cámara por Boyacá Luis Alejandro Perea. ¿La justificación? La Alcaldía de Motovita había incluido el nombre del señor Perea  (quién para la época era presidente de la Federación de Ganaderos de Boyacá) en un folleto destinado a la capacitación de ganaderos de la región.

¿Cómo puede un contrato de un millón y medio de pesos constituir una desventaja en una elección? ¿Cómo es injusto con los otros competidores el hecho que un candidato haya alquilado un bien suyo al Estado? ¿Qué se entiende por “gestión de negocios” para que incluir el nombre de un candidato en un folleto de una capacitación sea ilegal? Estas preguntas difícilmente pueden ser respondidas desde el sentido común y es evidente que el Consejo de Estado se ha ceñido a la norma con una obstinación que ignora la finalidad de la misma. Estos candidatos invirtieron un monto significativo de recursos y esfuerzos para hacerse elegir y es absurdo que pierdan el derecho a representar a sus electores por nimiedades como estas.

Si queremos políticos honestos debemos garantizar que la ley estará a su servicio y no persiguiéndolos sin razón: pero si lo que queremos es seguirnos dando golpes de pecho y quejándonos de la porquería que son los políticos colombianos, tenemos la legislación y los jueces perfectos para seguirlo haciendo indefinidamente.

 

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