Por: César Rodríguez Garavito

Injusticia climática y movimientos sociales

Fracasó la cumbre sobre cambio climático en Varsovia. No alcanzaron los sollozos ni la huelga de hambre del representante filipino. “Es hora de acabar esta locura”, les dijo a los impertérritos gobernantes del mundo, refiriéndose al calentamiento global que agravó el impacto del tifón Haiyan, que dejó damnificada a su familia.

Tampoco conmovió a los delegados estatales el retiro masivo de más de 800 ONG de todos los continentes, en protesta por la falta de voluntad política para llegar a un acuerdo que detenga el calentamiento antes de rebasar el límite que separa lo grave de lo catastrófico (dos grados centígrados por encima de la temperatura previa a la Revolución industrial).

No hizo mayor mella el consenso científico mundial, que acababa de sintetizar el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU. Tal vez porque lo que dice es difícil de digerir: como vamos, pasaremos de largo la meta de los dos grados y llegaremos a los cuatro, con lo cual no sobreviviría el 50% de las especies del planeta y morirían anualmente cerca de un millón de personas hacia 2030.

Por eso la cumbre, que debía aplicar mecanismos de financiación para emergencias climáticas como la de Filipinas y esbozar un tratado que reemplace al de Kioto cuando expire en 2015, terminó aplazando las decisiones hasta el próximo año.

Pero no todo fue pérdida. En medio de la acrimonia y la decepción de Varsovia, salieron a la luz dos realidades que pueden darle la vuelta al problema. La primera es la evidencia de la injusticia climática: la constatación de que los países pobres, los que menos han contaminado, son al mismo tiempo los que sufren los efectos más severos del calentamiento global y los que tienen menos recursos para enfrentarlo. La amenaza de retiro de 133 delegaciones de países pobres sirvió para denunciar el incumplimiento de los países desarrollados, que se rehúsan a financiar un fondo de atención de desastres y adaptación a los efectos del calentamiento global, prometido en cumbres anteriores. Con la mención del tema en el precario acuerdo final, la injusticia climática quedó instalada como uno de los principales desafíos morales y sociales de este siglo.

La otra novedad alentadora es que la sociedad civil está despertando. Porque en Polonia quedó claro que, sin presión ciudadana, los gobiernos no llegarán a un pacto. Están paralizados los países pudientes, como EE.UU., Japón y Canadá, que se niegan a fijar límites a sus emisiones de carbono. Pero también los emergentes, como China, India y Brasil, que ya son responsables de buena parte del calentamiento. Y los menos ricos, como Colombia, Ecuador o Venezuela, que le apuestan su futuro al carbón o el petróleo.

Ante esto, los ciudadanos están tomando la iniciativa: los científicos están apareciendo en las cámaras y las calles para hacer sonar la alarma con sus datos; los estudiantes les están exigiendo a las universidades vender las acciones que tengan en compañías de combustibles fósiles; los activistas de Greenpeace arriesgan la vida para impedir que Rusia comience a perforar pozos petroleros en el Ártico; las ONG ambientalistas, indígenas y de derechos humanos se fueron, pero prometieron regresar a la cumbre del próximo año.

La cita es en Lima, en noviembre de 2014, la última ocasión para llegar a un nuevo acuerdo que sería firmado en París en 2015. Por ser en Perú, es la oportunidad también para que la sociedad civil latinoamericana asuma el liderazgo del movimiento mundial contra el cambio climático. Habría que comenzar de inmediato.

* Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravi

 

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