Injusticia social

Estaba cantado que el presidente Santos no sancionaría la ley de reducción de la cuota de salud de los pensionados. Desde que hace tres años el proyecto comenzó a abrirse campo en el área legislativa, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó su clara intención de oponerse a él. Y lo hizo hundir varias veces.

En el último trayecto se veía el horizonte más despejado, gracias, en primer lugar, a la vigorosa acción de varias organizaciones de pensionados, y en segundo, al eco que tenían esas voces en el mundo político, medios de comunicación y opinión pública.

Según dijo Edmundo López en su columna del 27 de febrero de 2015 en El Nuevo Siglo, el ministro “se salió de los trapos para amenazar con su renuncia si el Congreso aprobaba la nivelación para la salud”. Esta intimidación insólita vino a cumplirse, si no con su renuncia, que ya no era necesaria, con el acto del presidente al objetar la ley junto con la que reducía en 150 semanas el tiempo para que las mujeres que devengaran menos de dos salarios mínimos pudieran pensionarse, por ser “inconvenientes e inconstitucionales”.

Era todo lo contrario de lo que había dicho en su campaña presidencial: “Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República, y yo voy a respaldar ese proyecto de ley. Ustedes han sido las víctimas de un sistema lleno de dificultades, de burocracias, inclusive de corrupción”.

Tamaña contradicción pone de bulto su insensibilidad social hacia los pensionados (hablemos solo de ellos), y ratifica, por otra parte, lo que se ha dicho en distintos tonos: que el presidente se ha caracterizado por decirle mentiras al país. En este caso, se hace evidente la conocida actitud del ministro Cárdenas al entorpecer el proyecto aprobado por la plenaria del Senado (con 59 votos a favor y ninguno en contra). Resultado contundente.

Las objeciones presidenciales sobre el par de leyes representan la voz cantante —y victoriosa— de su ministro estrella, a quien no quiere perder, y por quien parece sentir temor reverencial. Con el socorrido argumento de que no existen recursos y se carece del aval del Gobierno, se aumenta el bache de la injusticia social del país. ¿Acaso la promesa en la campaña presidencial no significa ese aval?

Esto es lo que tendrá que dilucidar la Corte Constitucional en caso de que la ley objetada tenga la ratificación del Congreso y se traslade a la Corte. Por encima de todo, debe prevalecer el sentido de la justicia.

No es que se carezca de recursos. Es que no se quiere arbitrarlos. Así lo expresó   Mauricio Lizcano, presidente del Congreso: “Al ministro de Hacienda le gusta el Congreso que impone impuestos, pero no el que atiende los sectores más desfavorecidos de la población”. Y agregó: “En el Congreso tenemos en cuenta el impacto social de las iniciativas, pero también tenemos en cuenta que a este Gobierno le aprobamos una reforma tributaria con la que se podrían cubrir este tipo de gastos”.

Queda, con este acto desenfocado, una mancha en el Gobierno. Lo mismo que esta columna ha reconocido y ponderado los logros de Juan Manuel Santos hacia la conquista de la paz —la que cada vez se afianza más en el país—, lamenta estos desvíos inexplicables de su administración.

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