Por: Darío Martínez

Inocente o culpable

Con ocasión de muy sonados casos judiciales, varios medios de comunicación realizan cuasi encuestas preguntando a la gente si una persona, sindicada por la comisión de algún delito, es culpable o inocente, precipitando un fallo popular sin que las investigaciones penales terminen y los jueces competentes se pronuncien en definitiva.

De esta forma, la función de administrar justicia, exclusiva del Estado, se sustituye por improvisados métodos de auscultación social contrarios al Estado de derecho. De buena fe —por solidaridad social, por la monstruosidad de ciertos crímenes o por cualquier otro motivo— se abre la brecha a las antiguas reacciones colectivas de lejanos tiempos contra quienes delinquían.

El delito y la pena han evolucionado históricamente hasta llegar a consolidar el derecho penal público como una ciencia verdaderamente apasionante. El crimen dejó de ser un atentando contra los dioses y la pena, el medio de aplacar la furia divina. Las “venganzas de sangre” o el linchamiento, que fueron resultado del odio o el instinto brutal ,con ausencia de cualquier proceso, están superados. Únicamente los órganos jurisdiccionales del Estado pueden imponer una pena, como respuesta ante el delito cometido, con observancia del debido proceso.

No es posible regresar en la gran conquista de la civilización sobre la humanización del derecho penal. Lo enseña el maestro Jiménez de Azúa: “Todo el derecho penal que está cubierto de sangre y que amadriga en su recóndito seno tanto sadismo, es un espejo donde se reflejan los esfuerzos liberales de la humanidad, sin haber dejado tremendas cicatrices en el alma humana”.

Que no haga carrera el veredicto del pueblo en los casos que conoce la justicia penal, por muy graves que ellos sean o muy importantes que parezcan sus protagonistas. El poder punitivo del Estado es insustituible, como irreemplazables son los principios del derecho penal liberal, de la legalidad de los delitos y de las penas y las garantías procesales.

Quienes promueven “sentencias populares” desde los medios y fungen como investigadores y juzgadores de conductas ilícitas de cualquier individuo procesado por la justicia, sencillamente niegan la existencia y vigencia del derecho y menoscaban la organización política y jurídica de la Nación. Desaparece la presunción de inocencia y se causan daños materiales y morales difícilmente reparables. Se impone, por lo tanto, una necesaria y oportuna autorregulación democrática en la libertad de información y de opinión.

*Exsenador de la República.

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