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En los primeros minutos de la intervención del presidente, en la noche del 21 de noviembre, más que un líder parecía un motivador de algún evento barato de autoayuda. Condenó, como casi todo el país, los hechos de vandalismo y amenazó aplicar todo el peso de la ley con una contundencia que no utiliza para condenar los bombardeos que matan menores, ni los asesinatos de reinsertados, líderes sociales e indígenas.

¿A quién benefician los actos vandálicos? No a los organizadores de los movimientos sociales, pues los hechos de violencia reducen el efecto de la movilización al desplazar el énfasis de la comunicación a estos hechos y disminuir así el significado político del evento. Favorecen más a los gobiernos autoritarios, ya que les permiten desplegar todo tipo de medidas represivas para desestimular la movilización ciudadana y golpear a la oposición.

En las marchas hay infiltrados: el jueves a las 9:00 a.m., en Suba, los manifestantes detectaron a dos policías en servicio activo vestidos de civil. ¿Qué pretendían? ¿Cuidar a los manifestantes, como dijeron cuando fueron sorprendidos? ¿O identificar a los líderes? ¿O estimular el vandalismo?

Durante la alocución del viernes 22 de noviembre, el presidente recuerdó que por norma constitucional es el jefe de las Fuerzas Armadas. Esto es claro e importante; tiene el poder operativo sobre el Ejército y la Policía, pero a la vez la responsabilidad por sus actuaciones. No puede así eludir los señalamientos de los organismos de control y las entidades internacionales por los excesos de la fuerza pública.

Esta norma constitucional se aplica al jefe de las Fuerzas Armadas durante el nefasto periodo de los asesinatos de civiles indefensos por algunos miembros del Ejército.

La acción de los agentes armados del Estado debe ser proporcional a los ataques y riesgos. ¿Responder en grupo con patadas en la cara al reclamo airado de una mujer es proporcional? ¿Dispararle a la cara una bomba lacrimógena a un joven desarmado es una respuesta adecuada?

El Gobierno dice que respeta la movilización, pero días antes se efectuaron 27 allanamientos en Bogotá, muchos de ellos ilegales. El realizado a la publicación cultural Cartel Urbano se hizo con base en una fuente anónima y se justificó porque promovían las marchas.

En algunos casos parecería que el Esmad, más que proteger a los ciudadanos y los bienes públicos y privados, se utiliza para provocar a los manifestantes. En Boyacá no se presentaron hechos de orden público que lamentar, pues el gobernador solicitó la presencia de la policía regular y no el Esmad. En la Universidad de Caldas se evitó un enfrentamiento entre la policía y los estudiantes gracias a que el rector, frente a una tanqueta, solicitó que el Esmad no ingresara a la universidad y que él como rector controlaría el orden.

¿Qué buscó el Gobierno al disolver con gases lacrimógenos un cacerolazo el viernes 22 en la Plaza de Bolívar? Los participantes realizaban pacíficamente su protesta.

No se discute el deber y el derecho de las fuerzas de seguridad de impedir y controlar los actos de violencia y vandalismo; su acción debe enfocarse a estos grupos. No puede convertirse este accionar en redadas masivas.

Las protestas espontáneas de grupos de amplio espectro social y etario utilizando en la noche el ruido de las cacerolas evocan la frase: “Si no me dejan soñar, no los dejaré dormir”.

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