Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Inteligente pero poquito

EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANtos anunció con bombos y platillos la presentación de once proyectos de ley, sobre los más variados temas: el código general del proceso —obra del Instituto Colombiano de Derecho Procesal—, los bomberos, los sistemas carcelario y de registro, el procedimiento arbitral, y otros más.

Aunque en el discurso presidencial hubo mención para todos y cada uno de los proyectos, resultó evidente que entre esa multitud de propuestas, la que más pareció interesarle y dominar el primer mandatario fue la relacionada con la inteligencia y la contrainteligencia. Entre otras cosas, a medida que va cogiendo cancha Santos como presidente, se advierte que los afanes diarios le han ido borrando la regla del buen gobierno de ser puntual, pues llega tarde a todo y, lo peor, ya ni siquiera se preocupa por ofrecer excusas, como en los primeros días de su mandato.


Volvamos al proyecto de inteligencia y contrainteligencia. Al referirse a este asunto, Santos recordó que la ley anterior se había caído por problemas de forma, como él entiende que una ley en vez de tramitarse como estatutaria se surta como ordinaria, y agregó que por eso el Gobierno está interesado en fortalecer las actividades de inteligencia y contrainteligencia, para restablecer una garantía democrática. Hubo inclusive una emocionada expresión presidencial, para anunciar que ni los opositores, ni ninguna ONG, volverían a ser interceptados o seguidos ilegalmente, lo que fue una referencia directa al crimen de las “chuzadas”, orquestado por los “uribeños”, hoy acosados judicialmente por sobornos e indelicadezas varias.


Todo iba divinamente bien, hasta que el presidente Santos, para asombro de quienes lo oíamos, advirtió que este nuevo proyecto pretende controlar a los medios de comunicación que filtren información de inteligencia y contrainteligencia. Increíble pero cierto, la principal reforma a la ley de inteligencia, apunta a censurar precisamente a los medios que pusieron al descubierto lo que ocurrió en el gobierno anterior.


No fue fácil conseguir el malhadado texto del proyecto de inteligencia, que aunque es público, supuse podía ser entregado por alguien de la Secretaría General de la Presidencia, pero qué va, allá no oyen a todo el mundo sino a muy pocos.


El proyecto de inteligencia no resuelve los grandes males, pues incurre en sostener nefastas prácticas, pero sobre todo amenaza la prensa. Por ejemplo, insistir en que los hombres de inteligencia queden a salvo del deber de rendir testimonio sobre los hechos de los que tuvieren conocimiento como agentes, es un privilegio indebido y antidemocrático.


Pero lo peor que trae el proyecto es la creación de un nuevo delito contra los servidores públicos, en el que se incurriría por “informar sobre la identidad de quienes realizan actividades de inteligencia y contrainteligencia”, porque quien lo haga puede ir a prisión de cinco a ocho años.


La fórmula que se propone es la legalización de un abuso, en un país que todavía sigue sin establecer qué fue lo que pasó recientemente, donde ni siquiera ha sido posible juzgar a los presuntos responsables, los cuales ya han empezado a salir de las cárceles por vencimiento de términos, pues la nueva Fiscalía tampoco ha sido capaz de poner orden en esos trascendentales asuntos.


Si el delito de revelar los nombres de los agentes de inteligencia hubiese existido durante el gobierno corrupto de Uribe, jamás habrían podido salir a la luz pública Martha Leal, la Mata Hari, William Romero, Fernando Tabares y tantos otros funcionarios del DAS, comprometidos en esa pavorosa máquina de la guerra sucia que se ejecutó contra opositores, críticos y magistrados de la Corte Suprema, desde la “Casa de Nari”.


Si la receta para que no se repita lo que ya ocurrió y seguimos sin resolver, va a ser el dudoso remedio de silenciar a los medios, nada cambiará.


Adenda. Que traigan a los Nule y que hablen, para que esos sepulcros blanqueados que se sentaron en el palacio presidencial sean sancionados por sus imborrables faltas y su loco afán por el emprendimiento que hizo multimillonarios a unos y magistrados de la Corte Constitucional a otros.


 


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