Por: Cecilia Orozco Tascón

Intento de asonada en defensa de un sospechoso

Ni el Gobierno Nacional, que tiene la obligación democrática de hacer respetar el Estado de derecho, ni la mayoría de los periodistas, una de cuyas tareas es la de denunciar irregularidades, reaccionaron con la energía que correspondía a la conducta oscura de algunos miembros de la Policía en La Guajira el fin de semana pasado, cuando agentes de la Fiscalía iban a capturar al gobernador de ese departamento.

En particular, la administración pública, en cabeza de la Dirección Nacional de la Policía, del Ministerio de Defensa y, en últimas, de la Casa de Nariño, no podía darse el lujo de ausentarse porque había puente festivo o, peor, de permanecer indiferente ante el hecho escandaloso de que integrantes de uno de sus cuerpos armados se hubieran puesto del lado de un sospechoso de violar la ley y hubieran unido su fuerza a la de una banda privada para atacar a los representantes de la justicia. Lo que sucedió en el municipio de Barrancas, primero, y en Valledupar después, fue un intento de asonada civil con el agravante de que tenía respaldo uniformado. Y no en momentos de confusión sino durante largas horas en las que pudo haber sucedido una tragedia de proporciones mayores si se hubiera propagado la insubordinación. Así de delicado fue.

El director de la Policía, general Palomino, estuvo al tanto de lo que pasó porque fue informado oportunamente por la directora del CTI y por el fiscal general encargado, con quienes se enfrentó. Pero intenta desconocerlo. Mal pronóstico tiene un jefe que permite el descontrol de sus subalternos o el que disimula por solidaridad en lugar de corregir el cáncer que corroe a ciertas unidades suyas. Francisco Kiko Gómez Cerchar, el hombre cuyo poder de mando de corte mafioso, en contraste, se demostró en segundos cuando convocó a sus escoltas y a otros individuos de pistola al cinto para evitar su traslado a una cárcel de Bogotá, nos recordó que el narcoparamilitarismo continúa suplantando al Estado en varias zonas y que el tal proceso de desmovilización, publicitado por el gobierno anterior, fue más película de ficción que realidad. A Gómez Cerchar no lo investigan por poca cosa: ¡homicidios de sus rivales electorales, nexos con grupos de sicarios, relación con paramilitares, narcotraficantes, contrabandistas y ladrones de gasolina! Los fiscales y jueces tendrán que demostrar si todo esto es leyenda o si el gobernador es protagonista de ese historial delictivo. Entre tanto, hay que afirmarlo con claridad: el dominio regional de Gómez Cerchar vuelve a poner de presente la corrupción que atraviesa el establecimiento, empezando con la complacencia rayana en complicidad de los partidos políticos que prefieren dejarse acompañar de este tipo de individuos para beneficiarse del mayor volumen de votación. El pecado no es únicamente de Cambio Radical, la colectividad con cuyo aval fue posible la toma del gobierno departamental por Gómez. La U, los conservadores, los liberales y ni se diga partidos como el PIN y similares, tienen sus propios “kikos”. Pero salen con la disculpa cínica de que “no pueden excluirlos porque no han sido condenados”. Pablo Escobar nunca fue condenado, si a eso vamos. Entonces, hagámosle un monumento.

El de la Policía es caso aparte. El general Palomino no le puso cara al incidente. Cerrar los ojos ante los acontecimientos conduce a errores como el del grafitero asesinado, en que la equivocación de un patrullero de 22 años se convirtió en colectiva y amenaza con llevarse por delante el futuro de dos coroneles y un general. En el caso de Gómez Cerchar no puede ocurrir lo mismo que en el del edificio que se vino abajo en Medellín: negar lo que vemos hasta cuando colapse la estructura.

 

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