Por: Cecilia Orozco Tascón

¿Intereses familiares?

SEPULTADA POR LAS ELECCIONES DEL domingo, ha pasado como si fuera cualquier noticia la que contiene la más grave evidencia de la deformación que sufrió la democracia en esta cínica etapa uribista del país.

La revelación de la revista Semana sobre la “cacería” que desató el DAS contra el presidente de la Corte Suprema y su abogado en 2008 es mucho peor, a nuestra escala, que el Watergate que tumbó a Nixon en 1974. En efecto, la estrategia criminal que Nixon lideró para espiar al partido opuesto al suyo, resulta más explicable desde el punto de vista político —que no legítimo ni ético—, que éste que involucra, al parecer, sólo intereses familiares del Presidente de la República.

Semana publica varios correos electrónicos escritos en abril de 2008 por la subdirectora de Operaciones de ese órgano de inteligencia, Martha Leal. Los dirigía a su jefa inmediata, la directora María del Pilar Hurtado, “en relación con lo que (usted) requirió”. En uno de esos reportes se lee que “Ramiro Bejarano Guzmán (abogado del entonces presidente de la Corte, César Julio Valencia) registra en Catastro un inmueble… en la Notaría…” y que el magistrado Valencia “registra inmueble en la calle…”. Otro reporte indica que el operativo contra ambos personajes era más hondo: “Continuamos con las labores de verificación en las diferentes notarías, ya que son más de 80”. Un tercer mensaje de “avance de tarea” decía: “… la información recolectada se realizó… a cubierta”.

¿Por qué se dedicaba la cúpula del DAS, con esa minuciosidad, a averiguar datos privados del presidente de la Corte y su abogado? ¿A quién le interesaba conocer hasta la intimidad económica de los dos destacados ciudadanos? Nadie ignora —a estas alturas del lío por las ‘chuzadas’, grabaciones y seguimientos delictivos del DAS— que ese organismo trabaja para el palacio presidencial ni que el Primer Mandatario se enfrentaba, desde entonces, al magistrado Valencia Copete en un proceso por injuria y calumnia. No cabe la posibilidad de que por mera casualidad se realizaran esas pesquisas “a cubierta”, o sea con agentes que ocultaban su condición oficial, en abril de 2008, justo cuando Uribe tenía que declarar ante la Comisión de Acusación en desarrollo de tal litigio. Nunca pude entender por qué al Presidente le afectó tanto que el magistrado hubiera dicho (en una entrevista que me concedió en enero de ese año) que el Jefe de Estado le mencionó a su primo Mario Uribe en una llamada que le hizo desde Nueva York. Ahora, con el artículo de Semana, todo parece aclararse en mi mente:

1.- El día de la llamada presidencial al magistrado, Mario Uribe fue vinculado formalmente al caso de la parapolítica por la Corte Suprema, que presidía Valencia. 2.- En esa llamada, al dignatario del tribunal, Uribe le hizo referencia explícita del caso de un paramilitar condenado conocido con el alias de Tasmania. 3.- Leal, la subdirectora del DAS que reportó los seguimientos ilegales al magistrado y a su defensor, fue la misma funcionaria que transportó una carta de Tasmania hasta la Casa de Nariño, en la que el delincuente le hacía un montaje al magistrado Iván Velásquez. Éste era el investigador de la Corte en varios procesos de la parapolítica, entre otros, el de Mario Uribe. 4.- El abogado de Tasmania, que es sospechoso de haber participado en el montaje, resultó ser vecino de Mario Uribe y del hermano del Presidente, Santiago Uribe. ¿Cuál es el único nombre común a los hechos arriba relacionados? Respuesta: Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe. ¿Cómo no comprendí, hace dos años, cuál era la clave de este embrollo? ¡Si seré lenta!

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