Por: Salomón Kalmanovitz

La interlocución con la MANE

JUAN SEBASTIÁN LÓPEZ, BLOGUERO de El Espectador y vocero de la MANE, ha dado respuesta a mi columna del pasado 9 de septiembre de manera juiciosa y argumentativa, lo que me obliga a ampliar algunos de los temas e introducir otros que por espacio no fue posible incluir en ella.

No mencioné que la movilización de la MANE en el pasado probó ser creativa, pacífica y exitosa y que sus demandas para que el Gobierno atienda adecuadamente las necesidades presupuestales de las universidades públicas son justas. No tiene sentido permitir el deterioro administrativo y la creciente ruindad de las edificaciones en varios campus del país.

Las universidades públicas tienen una sobredemanda que el Gobierno debía encarar con presupuestos cada vez mayores para hacerlas más accesibles, pero también recibir matrículas de las familias que tienen ingresos suficientes para financiarlas. La teoría de la justicia fiscal informa que las personas que más se benefician con el gasto público deben contribuir a su financiamiento, en la medida de sus capacidades.

Insisto entonces en que la gratuidad de la educación superior no es progresiva ni democrática. Las familias que cuenten con los recursos bien pueden invertir en el futuro de sus hijos, puesto que un egresado universitario gana cuatro veces lo que gana un bachiller. Me parece más adecuado que exista el pago de un salario para todos los estudiantes en riesgo de desertar por razones económicas. Este es un problema muy grave y que permanece oculto: las universidades públicas muestran tasas de deserción mayores al 50%, lo que significa la frustración de una población muy grande frente a sus metas de vida y un enorme desperdicio de recursos humanos y públicos.

Insisto en que condonar los créditos del Icetex lleva a su descapitalización y a su desaparición; este opera con tasas de interés subsidiadas y ha sido beneficioso para millones de estudiantes. La denuncia de anatocismo por parte del Icetex, hecha por el vocero de la MANE, que la Corte Constitucional prohibió para el crédito hipotecario, no tiene por qué aplicar a otros tipos de crédito. Se trató de una sentencia paternalista y eclesiástica que impedía a los usuarios contratar crédito con períodos amplios de gracia sobre el capital prestado. Me explico: una persona puede planificar pagar cuotas bajas de su préstamo durante, digamos, cinco años, incluyendo intereses sobre los intereses dejados de percibir por el acreedor, y comenzar a abonar las amortizaciones del capital cuando tenga un ingreso adecuado. Acá, la Corte intervino para que los ciudadanos no pudieran decidir los términos de su contrato de crédito: todos deben comenzar a pagar amortizaciones al capital desde la primera cuota.

Si la universidad pública es meritocrática en la admisión de sus estudiantes, lo es menos en la selección de sus profesores, aunque cuenta con muchos excelentes científicos e investigadores. El clientelismo tradicional y armado devora las universidades regionales, mientras que el de izquierda se cuela en el resto. Hay incluso profesores que son profesionales de la politiquería que no enseñan ni investigan. Se promueve en ellas un endogenismo degenerativo.

Con estudiantes tan buenos, la crema del bachillerato, los resultados de la universidad pública serían óptimos si sus profesores fueran los mejores del país y, sobre todo, si se contuviera la deserción que condena a la mitad de ellos a nunca graduarse.

 

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