Por: Carolina Botero Cabrera

Internet en Colombia desaparecería

Llevo más de un mes intentando entender la decisión de la Corte Constitucional que ordena a Google borrar un blog de su plataforma Blogger y de paso le asigna una serie de obligaciones muy complicadas a la luz de la libertad de expresión. No lo logro, la veo como abiertamente equivocada y, de aplicarse, tendrá efectos muy negativos.

William Ferro, dueño de una empresa de muebles, considera que un blog anónimo alojado en la plataforma Blogger es una afrenta contra su honra y buen nombre pues, entre otras cosas, afirma que en la empresa se estafa a las personas. Ferro solicitó tres veces a Google (empresa dueña de la plataforma) que retiraran el blog y la respuesta fue que, al no ser contenido inapropiado ni abiertamente ilegal, solo lo pueden retirar con orden de un juez.

Ferro presentó una tutela que pierde en primera instancia, pero es seleccionada en revisión por la Corte. La sentencia considera que lo que aparece en el blog es “desproporcionado, difamatorio y calumnioso”. Como lo dijo la FLIP, el fallo vulnera la libertad de expresión no solo porque este derecho le reconoce protección incluso a las “expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias”, sino que además no se encuentra que el análisis haya considerado la necesidad y proporcionalidad que cualquier restricción a este derecho debe tener.

El fallo no solo ordena retirar el blog. La Corte fue mucho más allá: ordenó a Google que debe retirar cualquier otro blog anónimo que aparezca en contra de esta persona en similares términos; pidió que Google regule en sus términos y condiciones de uso los blogs anónimos que tengan contenidos difamatorios e injuriosos; además afirma que mientras Google no lo haga, si un afectado demuestra no poder defenderse, controvertir o rectificar en igualdad de condiciones, Google deberá borrar el contenido que lo afecte. Pero acá no termina, la Corte afirma incluso que Blogger es un medio de comunicación y por tanto deberá registrarse como tal ante el Ministerio TIC y, finalmente, le ordena al Ministerio TIC regular este tema para Colombia.

La libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero cuando se restringe las medidas deben ser necesarias y proporcionales. La sentencia será el mejor ejemplo de la forma como no debería hacerse, se tomaron medidas extremas (borrar, no se intentó buscar al responsable del contenido, no se buscó la opción de desindexar) y abiertamente en contra de la libertad de expresión.

La sentencia ataca el anonimato como elemento esencial de la libertad de expresión que ayuda a que la gente se comunique y exprese sin miedo. Con el fin de prevenir censura la desanonimización de comunicaciones debe ser excepcional y limitada para casos no sensibles.

La sentencia desconoce que la función de Google en una plataforma como Blogger es la de intermediario, pareciera entender que solo lo son los buscadores. Afirmación incorrecta. La OCDE, por ejemplo, reconoce como mínimo seis tipos de intermediarios entre los que están los motores de búsqueda y las plataformas de trabajo colaborativo. Esta clasificación establece que el rol de cada tipo de intermediario es diferente y por tanto las medidas que les atañen también lo deberían ser, sin embargo, todos son intermediarios. Reconociendo que quienes ofrecen plataformas para publicar en internet son intermediarios, debemos recordar que el problema de responsabilizar al intermediario sin más de las conductas de quienes usan sus servicios es que desplaza la decisión sobre el ejercicio de nuestros derechos a los intermediarios, con el problema adicional de que los intermediarios son usualmente empresas privadas.

La consecuencia de la orden de registro que se da a Blogger como medio de comunicación nos obliga a pensar que si cualquiera que tenga una publicación en la red debe hacerlo también, entonces la idea de que internet es una herramienta democratizadora en ese sentido queda en entredicho. Finalmente, otro exceso de la Corte es ordenar que el Ministerio TIC regule lo que serían sin duda restricciones a la libertad de expresión. Esta decisión desconoce que se está hablando de un tema que por su naturaleza debe ser objeto de una ley estatutaria y por tanto ordena al Ministerio una acción que no puede cumplir.

El problema en todo caso no es menor. No podemos desconocer que en internet circulan contenidos ilegales, y que la creciente violencia y agresividad en la red obligan a diseñar mecanismos para que las personas puedan defenderse de esos excesos. Sin embargo, lo que está claro es que, en lugar de apoyar con procesos para mantener la naturaleza de internet como herramienta de libertad de expresión, lo que la Corte logró fue lo contrario. Si esta sentencia se aplicara en forma generalizada, internet en Colombia desaparecería.

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