Intocables, y con razón

Difícil asegurar quién está más desbordado de poder: si el Presidente de la República o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Desde hace casi dos años, tanto el uno como los otros están enfrascados en una pelea de verduleras que flaco favor le hace a la institucionalidad del país. Y, a mi modo de ver, todo este bochornoso espectáculo lo están haciendo público por la carencia de un verdadero juez penal y disciplinario que los controle de una vez por todas.

Tanto a los magistrados de las altas cortes como al Presidente de la República —también al Fiscal General— los investiga una institución a la que, la verdad sea dicha, nadie le cree.  Es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que en años de existencia no ha proferido una providencia que valga la pena, o que, al menos, tenga la credibilidad de los colombianos. Tal vez lo más cercano a un proceso en esa corporación fue el juicio al presidente Samper. Al final, un fallo al que pocos le creyeron, así hubiera sido en derecho.

Así las cosas, es más que entendible que los magistrados de la Corte Suprema se consideren intocables. Algunos de ellos no temen para nada que el mafioso italiano Giorgio Sale los haya cabestreado por todo el país de rumba en rumba. Tranquilo debe estar también el magistrado Yesid Ramírez Bastidas, quien, según la columnista Salud Hernández, le habría recibido un costoso reloj al escabroso capo de la mafia calabresa. En la Corte Suprema de Justicia, igualmente, deben estar sin el más mínimo de susto por el viaje que el misterioso y oscuro Ascencio Reyes Serrano, al parecer, les costeó en junio del año 2006 a Neiva. Un paseo de más de 30 millones de pesos, según la señora Hernández.

Y ni qué hablar del caso del presidente Álvaro Uribe. El más palpable ejemplo es el de Yidis Medina. No obstante, al Presidente penalmente no lo puede desvelar este tema porque, sencillamente, en la Comisión de Acusación no pasa nada. Por eso es que, además, algunos ciudadanos que han ocupado el cargo de Fiscal General de la Nación no se trasnochan meditando sobre todo lo que de ellos se dice, con pruebas, en la citada Comisión. Para la muestra un botón: el doctor Luis Camilo Osorio, flamante embajador de Colombia en México, y quien está lleno de expedientes —cargados de material probatorio— sin que pase nada.

La Comisión de Acusaciones hay que fortalecerla, y fortalecerla ya.  Razón le sobra al Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, cuando afirmó que la fortaleza de la llamada parapolítica radicaba en que para la Corte Suprema de Justicia se creó una comisión con excelentes investigadores. Pero no; en la Comisión de Acusaciones sólo hay tres o cuatro jóvenes (representantes a la Cámara) que sólo se dedican a hacer política y poco les interesan las investigaciones judiciales y disciplinarias. Y lo que es peor: rebuscan sus funciones judiciales y sólo se jactan de ser uribistas, cuestión que para nada beneficia al Presidente y sus investigaciones (como actor o denunciado), pues eso indica que apenas se trata de una institución al servicio de quien les imponga condiciones.

Un fallo precedido de politización sólo perjudica al Congreso y su desgastada imagen, ya que se han olvidado que todas y cada una de las investigaciones merecen respeto y proactividad. La única manera es adelantando cada investigación con rigor y ponderación, pues un fallo dirigido carecería de toda legitimidad.

Colombia está en una crisis histórica; y del Gobierno y del propio Congreso depende que la Comisión de Acusaciones de la Cámara se termine de hundir en el anonimato, o que, por el contrario, pase a la historia como un cuerpo del Legislativo que se atrevió a tocar a los intocables y cuyos fallos sean legítimos y no respondan a llamados de urgencia, sino única y exclusivamente al derecho.

David Teleki Ayala. Bogotá.

Zimbabue, Colombia

“En medio de los acosos de la fuerza pública… Zimbabue salió ayer a las urnas… El principal opositor… desestimó la legitimidad de las elecciones y sostuvo… ‘que la jornada es una penosa humillación, otro día trágico para la historia de nuestra nación’. También pidió a sus copartidarios que se abstuvieran de votar, pero que si eran obligados, ‘votaran… para proteger sus vidas’… Periodistas… afirmaron que las elecciones se dieron en un clima tenso, donde primó… el miedo a las represalias por no votar por el candidato oficialista” (El Espectador, 2008-06-28, Pág. 10).

“Ocurre que las masas, en el momento del fascismo, desean que algunos ejerzan el poder,… puesto que el poder se ejercerá sobre ellas y a sus expensas, hasta su muerte, su sacrificio, su masacre, y, sin embargo, ellas desean ese poder, desean que ese poder sea ejercido…” (Foucault, 1981, Un diálogo sobre el poder).

“… los que presentan acusaciones contra los magistrados dicen que el pueblo debe juzgar los pleitos, y el pueblo recibe la invitación alegremente de manera que todas las magistraturas son derribadas.” (Aristóteles, Siglo IV a.C., Política).

Escrito en el cuerpo de Colombia en junio 28 de 2008.

Bernardo Congote. Bogotá.

La sentencia

 Parecería difícil negar que a la mayoría de los columnistas de opinión  les haya parecido de alto peligro, para la institucionalidad y el respeto a nuestro Estado Social de Derecho, el recurso del poder autoritario que a diario acude el poder ejecutivo.

 Los defensores de la legalidad del Acto mediante el cual se estableció la reelección no han presentado argumento alguno, del ámbito jurídico, para contradecir el contenido de la sentencia de la H. Corte Suprema mediante la cual se condenó a Yidis Medina para calificar de terroristas y prevaricadores a los magistrados.

La providencia no arremete contra el señor Presidente sino que asume y no calla lo que se dio alrededor de la reelección y, como es su obligación, da traslado, para lo que a bien tenga, a la H. Corte Constitucional.

Preguntemos si tiene asidero que se desconfíe de los altos funcionarios de la justicia, y el Ejecutivo confíe, plenamente, en la independencia de los congresistas miembros de la Comisión de Acusaciones. Es conveniente sugerir se averigüe quiénes son sus miembros y cuáles son sus vínculos con el Gobierno para que no se den más Yidis y Teodolindos.

 Édgar Victoria González. Bogotá.

 

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