Inventarios a disgusto

Era previsible que al fiscal Martínez —hoy exaltado como héroe por algunos medios a veces sin rubor— no le iba a gustar ningún inventario de bienes de las Farc.

Desde antes de hundirse el plebiscito el 2 de octubre ya el fiscal andaba husmeando sobre los bienes. Como el acuerdo inicial de las Farc no preveía nada sobre esto, Martínez solicitó que ese punto se incluyera “bajo el entendido de que ninguna paz puede ser estable y duradera si las guerrillas desmovilizadas hacen tránsito a la vida civil y a la democracia con multimillonarios patrimonios espurios al servicio de sus intereses y de su causa política”. Y le hicieron caso, pues en el Acuerdo final quedó establecido que “los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”, advertencia severa que luego quedó consagrada en el Acto Legislativo 01 de 2017.

Con la habilidad y hasta el cáustico sentido del humor de Martínez, ridiculizó el inventario de las Farc por incluir escobas, traperos, pocillos, botas y hasta exprimidores de naranja como bienes para indemnizar a las víctimas, pero sin ahondar en la razón que movió a la guerrilla a incluirlos. Meter esos bienes en el inventario obedece a que como los mismos fueron adquiridos con dineros ilícitos, si no se relacionaban, esa guerrilla desmovilizada podría ser encarcelada por la justicia ordinaria por enriquecimiento ilícito o testaferrato. No fue una burla, sino una precaución necesaria para atender, entre otras cosas, una vieja inquietud del fiscal.

Pero también Martínez glosó el inventario porque los inmuebles solo se mencionan con los nombres de Casa Verde, La Chocolata, El Naranjal, Los Tempranos, la Hacienda, La Esmeralda, Los Alisos, La Laguna, etc, y se declara sorprendido porque el “listado de presuntos inmuebles de su propiedad (sic) no relacione un solo folio de matrícula inmobiliaria”. Su aspiración de que las Farc presenten escrituras y folios es imposible de satisfacer, porque sencillamente ninguno de los inmuebles está a su nombre, ni de ningún guerrillero, pues a la luz del derecho que el mismo fiscal invoca en su carta al ministro del Interior, no son propietarios sino poseedores u ocupantes. Esos predios aquerenciados como de las Farc no llegaron a su control porque hubiesen suscrito escrituras públicas de compraventa, o por adjudicación del antiguo Incora, o porque los ganaron en pleitos judiciales. Es más, a un movimiento alzado en armas por más de medio siglo le importaban un comino los folios de matrícula inmobiliaria de los fundos donde se asentaban no con la fuerza legítima de los códigos, sino con la de la violencia, y por eso es una aventura que el fiscal le pida al Gobierno que requiera “a las Farc para que identifiquen, como corresponde en derecho, los inmuebles de su propiedad (sic), a través de su folio de matrícula o, cuando menos, su cédula catastral”. Lo único que le falta a este dislate es exigir que los exguerrilleros presenten sus declaraciones de renta. El fiscal tiene que confiar en que el Gobierno, a través de varias entidades, será capaz de establecer los datos de los inmuebles inventariados que ningún guerrillero tiene en su poder.

A pesar de que en su inventario las Farc incluyeron bienes inmuebles que representarían una extensión superficiaria de 241. 560 hectáreas, 20.597 cabezas de ganado, 167.500 gramos de oro, dólares e importante dinero en efectivo, el fiscal, con su inmenso poder en los medios, ha tejido la tesis de conejo a los acuerdos. Si así fuera, que no lo es, sería la propia Fiscalía que él mismo conduce la llamada a iniciar las acciones de extinción de dominio, y además las investigaciones contra los guerrilleros por los delitos de continuar utilizando bienes que debieron ser inventariados, aspecto que también reguló el Acto Legislativo 01 de 2017.

Ya va siendo hora de ponerle buena cara a la paz y la reconciliación, pero sobre todo de que el Gobierno no se deje arrinconar y reaccione rápido y bien.

Adenda. Intolerante el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Ahora la emprendió injustamente contra Tribunal de Antioquia.

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