¿Investigación a Uribe? Ni una hoja se moverá

El concierto para delinquir es un tipo penal que —se supone— cometen las mafias del crimen organizado, las bandas del microtráfico, los sicarios, los apartamenteros, los ladrones de vehículos, los raponeros... Ningún ciudadano normal imagina que los funcionarios de alcurnia política elegidos por el pueblo formen grupos criminales aupados por la cúpula del Gobierno Nacional. Sin embargo, ocurre con más frecuencia de la que se admite en naciones pobres y ricas. Otra cosa es que sus actos ilegales se descubran. O que, descubiertos, reciban el castigo que aplica a los delincuentes comunes; otra cosa es que los jueces puedan o quieran sancionar a los responsables de cuello blanco. Colombia es singular en esta materia: la opinión pública condena, de antemano y sin fórmula de juicio, a los transgresores de la ley cuando estos pertenecen a la clase alta. Pero, del otro lado, algunos comentaristas con poder mediático contrarrestan el “fallo popular” y los absuelven de antemano por la misma razón: ser de cuello blanco. Los unos tienen categoría, los otros, no; los unos cayeron en una trampa, los otros nacieron bandidos.

La sentencia de condena a siete años, diez meses de prisión, proferida por la Corte Suprema contra Jorge Noguera, el “buen muchacho” en quien el entonces presidente Álvaro Uribe depositó la seguridad del Estado y, después, la representación del país en el consulado de Milán, fue condenado, hace un par de días, por concierto para delinquir agravado, “por haber dirigido la organización criminal denominada Grupo de Inteligencia 3, G-3… integrada por servidores públicos de la Dirección General de Inteligencia (del DAS) cuyos miembros llevaron a cabo interceptaciones de correos electrónicos, fax, línea celulares y telefónicas de personas que hacían parte de ONG de derechos humanos, periodistas y personalidades que eran consideradas opositoras del Gobierno Nacional de la época”. Los encuentros del exdirector del DAS (2002 – 2006) Jorge Noguera con los jueces no son nuevos: cumple una condena de 25 años por concierto para delinquir agravado (su delito favorito) por el asesinato del profesor Alfredo Correa D’Andreis cuyo nombre entregó, en una lista de “sospechosos”, al grupo paramilitar que lo mató; Noguera recibe castigo también por la “destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y por la revelación de asunto secreto (a los paramilitares)”. A su brillante currículum se añade una tercera investigación inconclusa, por la financiación irregular de la campaña presidencial de su jefe en Magdalena, en el año 2002, primera elección de Uribe Vélez.

Este fallo de 2017 es tardío y, por tanto, incompleto y con una baja sanción. La Sala Penal de la Corte tuvo que decretar la prescripción de otros delitos relacionados por su lentitud (¿o falta de voluntad?) para adelantar el caso. Probablemente, las recientes revelaciones de corrupción en el seno de la Sala le puso motor acelerado a tanto proceso dormido, por años, en sus anaqueles como el de Musa Besaile, por ejemplo. Bienvenidos sean los escándalos. En el texto de la decisión se describen hechos comprobables que producen el miedo de las dictaduras: la división en compartimentos del trabajo ilícito de persecución a gente honorable; la desviación de los objetivos de la inteligencia estratégica del Estado hacia una “política permanente contra la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad”; las alianzas con las autodefensas hasta constituir un típico “terrorismo de Estado”; la persecución contra personajes de incuestionable conducta como los juristas Carlos Gaviria y Gustavo Gallón, por mencionar solo a dos. Impresiona constatar cómo las acciones del DAS en la época coinciden con las declaraciones públicas del presidente en contra de muchos de quienes resultaron ser los objetivos del G3. Tal vez por esta y otras motivaciones la Corte condena a Noguera y envía copias del proceso a la Comisión de Acusación “para que si hallare mérito investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez…”. El exmandatario puede estar tranquilo. Es la enésima ocasión en que la Comisión asumiría un proceso en su contra. Ni una hoja se mueve allá. Ni se moverá.