Por: Yesid Reyes Alvarado

¿Investigar a Tomás Uribe?

HACE POCO LA SALA PENAL DE LA Corte ordenó compulsar copias para que se investigue a un hijo del Presidente, por su posible injerencia en la designación de una notaría.

La reacción del Primer Mandatario no se hizo esperar: con sus hijos a la espalda, en actitud protectora, Uribe acusó al magistrado Yesid Ramírez de administrar justicia con odio.

El gobernante desconoce que determinaciones como esa no son tomadas por un magistrado en forma individual, sino por los nueve integrantes de la Sala Penal después de discutir conjuntamente el tema. Al señalar a Ramírez como el único autor de esa orden, intenta hacerle creer a la opinión pública que se trata de una retaliación producto de los roces que en los últimos años han tenido estos dos personajes de la vida nacional.

El Presidente debería saber que todo ciudadano tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades cualquier conducta que pudiera constituir un delito y que si es un funcionario público la omisión de ese deber configura un hecho punible. Lo que hizo la Corte en este caso no fue nada distinto de cumplir con dicho mandato legal, pues al conocer información que apuntaba a una posible violación de la ley penal, puso tal información en conocimiento de la Fiscalía, única autoridad competente para investigarla. La Sala Penal no podía decidir si el hijo del Presidente es o no responsable de un delito, porque no está dentro de sus funciones; pero tampoco podía guardar silencio sobre las afirmaciones del ex superintendente de Notariado y Registro, en el sentido de que Tomás Uribe habría intervenido en la designación de una notaria, ni podía ignorar el contenido de una grabación que todo el país escuchó, en la que la funcionaria designada acepta esa circunstancia.

Por supuesto que estas afirmaciones pueden ser objeto de controversia, como ya lo han sido a través de los medios de comunicación; pero sólo la administración de justicia puede y debe establecer si en este caso ocurrió o no una conducta delictiva; y la única forma de que esa decisión se produzca es poniendo los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que fue exactamente lo que hizo la Corte.

Lo que viene a continuación es el probable inicio de una “indagación preliminar” por parte de la Fiscalía, figura que en anterior oportunidad el Presidente ha confundido con indagatoria, pero que no es sino una denominación que suele darse al examen inicial que se hace de una denuncia para establecer si amerita o no la apertura de una investigación formal. En cualquiera de esas dos etapas habrá oportunidad para verificar si Tomás Uribe pudo o no haber infringido la ley penal. Ese es el procedimiento que legalmente se da a todas las noticias criminales que llegan a la Fiscalía, por denuncia o por compulsa de copias, y el hijo de un Presidente no puede sustraerse a él. Como la igualdad ante la ley es otra de las características distintivas de un Estado de Derecho, la Corte actuó correctamente al compulsar las copias y el Primer Mandatario se equivoca al intentar deslegitimar públicamente esa decisión atribuyéndola a la manifestación de odio de un magistrado con una larga y prolífica carrera judicial.

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