Por: Cartas de los lectores

Ismael y Dulcelina

Ismael Simijaca y Dulcelina Pineda de Malagón fueron dos campesinos que vivían en la extrema pobreza. Para el año de 1995, él tenía 64 años y ella 81.

Moraban en el municipio de Moniquirá en la región de Boyacá, en Colombia; allí tenían una hectárea de tierra, enclavada en medio de dos predios, y sobre los cuales había un improvisado camino, del cual se servían los dos ancianos para transitar. Araban con sus propias manos de manera rudimentaria, cultivan café, cítricos, además poseían algunas aves de corral y un burro para las labores de carga.

Sucedió que Élver García Camacho, dueño de uno de los predios, impidió el paso por su predio a estos dos campesinos. “Procedió entonces a instalar en el camino puertas cerradas con candado, y cercó con alambre de púas el terreno, obligando a los ancianos a arrastrarse por debajo del alambrado y a cargar al hombro los productos de su finca, con cuya venta se procuran el diario sustento. Sostiene el accionado, que el paso del burro de los peticionarios puede erosionar el terreno sobre el cual se encuentra su casa, poniéndola en peligro” (Sentencia T-036/95).

Ellos, los dos quebrantados ancianos, puestos en apuros por no lograr transitar de manera libre y de arrastrarse por debajo de los alambres de púas, halando consigo los bultos que antes su bestia cargaba, clamaron protección del Estado, interpusieron una acción de tutela, gran recurso constitucional que tiene cualquier ciudadano para reclamar sus derechos. Ellos pidieron: “Nos permita el paso a nuestro predio con un animal de carga y en condiciones (en las) que no se ponga en peligro nuestra integridad física y no se atente contra nuestra dignidad humana (a la que) tenemos derecho como personas” (Sentencia T-036/95).

Y la Corte Constitucional conceptuó: “En estas circunstancias, la actuación en que incurrió Élver García al cerrar el camino, obligando a los petentes a arrastrarse bajo el alambrado y a cargar lo que sus cansadas espaldas pueden soportar, sobrepasa el ámbito del derecho real de servidumbre y deviene en una violación del derecho fundamental a la dignidad humana, en un desconocimiento del deber de solidaridad exigible a todo individuo en un Estado Social de Derecho, y obliga al juez de tutela a hacer efectiva la especial protección que otorga nuestra Carta Política a las personas de la tercera edad” (Sentencia T-036/95).

De seguro hay en nuestra tierra muchos hombres egoístas que pasan por encima de la dignidad de los otros, pero también habrá un espíritu libertario que nos salvará de arrastrarnos por el suelo y de convertirnos en bestias humanas. Homenaje a Ismael y Dulcelina.

 Mauricio Castaño H. Bogotá.

 

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