Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Ituango señala y obliga alternativas

Lo que está ocurriendo con Ituango (Antioquia) y lo ocurrido con el petróleo en La Lizama (Santander) nos obligan a revisar aspectos claves en nuestro proceder como país. El mundo está cambiando; el país tiene que cambiar. Nosotros, como ciudadanos, tenemos capacidad para presionar y agenciar ese cambio.

Las experiencias negativas vividas y asociadas al modelo energético por el que hemos optado nos obligan a revisar la elección y buscar alternativas. El sentido común, el contexto global, la legislación ambiental y la Constitución colombiana se conjugan y nos señalan la necesidad de aprender y corregir el camino. El viento y el sol son los elementos naturales en los cuales debemos focalizar nuestra transición energética.

Como lo dice la Ley 99 de 1993: “La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”. La aplicación de este principio está en la esencia del propósito del desarrollo sostenible y del derecho a un ambiente sano, consagrados en nuestra Constitución y enunciados como principios fundamentales en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, convenciones a las cuales nos hemos acogido como país.

Lo ocurrido en Ituango y en La Lizama nos obliga a señalar que hay suficientes evidencias para que, aplicando el principio de precaución, el país se abstenga de construir nuevos macroproyectos de hidroenergía y suspenda el uso del fracking. En ambos casos, estas actividades han podido y pueden generar muchos daños graves e irreversibles al medio ambiente y a la vida humana. Debemos proceder a suspender, aplazar, limitar, condicionar o impedir este tipo de proyectos. La evidencia nos señala que no tenemos la capacidad científica ni institucional para manejar los grandes riesgos que este tipo de proyectos genera.

Ante los hechos, debemos actuar con reserva y cautela, máxime cuando hoy disponemos de alternativas tecnológicas para generar la energía que el país requiere. En muchos países, la energía solar y eólica, y los motores eléctricos, son las alternativas apoyadas por sus gobiernos. Como ciudadanos exigimos a los candidatos presidenciales que establezcan claros compromisos para aplicar el principio de precaución e ir modificando nuestra matriz energética. Esto exige priorizar recursos para incentivar una migración progresiva, clara y definida, para seguir el camino de la sostenibilidad.

No se trata de descarbonizar la economía en cuatro años, como anunció Petro en el Foro Nacional Ambiental. El camino es largo y complejo. Por ello, en el corto plazo debemos fijar las bases y dar los pasos necesarios para avanzar en esa dirección. Las metas deben ser realistas. Como ciudadanos no queremos populismo ni de derecha ni de izquierda en este campo. Requerimos y exigimos acciones concretas y acordes con la difícil realidad que vivimos y debemos superar. Consideremos y hagamos buen uso de las alternativas tecnológicas y financieras que el mundo actual nos ofrece y la realidad nos obliga a adoptar.

 

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