Por: Gustavo Gallón

Jalón de orejas a la vista en el Comité de Derechos Humanos de la ONU

El paramilitarismo, las ejecuciones extrajudiciales y las acciones ilegales del DAS son tres asuntos de los cuales está muy pendiente el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al analizar, en julio de 2010, el informe periódico que el Gobierno le presentó, le dio un año de plazo para que le brindara información más detallada al respecto. El Comité debe estudiar en los próximos días el nuevo informe del Gobierno, así como las informaciones de las ONG.

Sobre el paramilitarismo, difícil será replicar la preocupación del Comité cuando advirtió que “en la práctica existe impunidad para un gran número de graves violaciones de derechos humanos”. Sólo se han condenado cuatro paramilitares en tres sentencias de la llamada jurisdicción de “justicia y paz”. La mayoría de los desmovilizados (supuestamente más de treinta mil) están por fuera de la acción de la justicia. Sólo un 2% de los paramilitares están sometidos a dicha ley. Hay más de 10 mil paramilitares en actividad, a los que el Gobierno insiste en darles el extraño nombre de “bacrim”. La Fiscalía ha presentado un proyecto de ley para reformar el procedimiento de “justicia y paz”, que no garantiza mayor justicia sino mejores resultados numéricos, expresados en sentencias o decisiones judiciales, así las víctimas no vean realizados sus derechos. Y se ha presentado también un proyecto de reforma constitucional para “ordenar la renuncia a la persecución penal” so pretexto de terminar el conflicto armado interno. Es decir, todo lo contrario de lo que recomendó el Comité hace apenas un año.

Sobre las ejecuciones extrajudiciales, sigue vigente la directiva sobre recompensas a quienes contribuyan a dar de baja a combatientes ilegales, que el Comité señaló como una de las causas que han dado lugar a la matanza de civiles por parte de la fuerza pública para mostrarlos falsamente como guerrilleros muertos en combate. Sólo 10 de 945 casos que se encuentran en la Fiscalía tienen sentencia. La mayoría de los restantes casos se encuentran en indagación, sin identificación de responsables. En junio de este año, la fiscal general informó que ha planteado 387 conflictos de competencia, de los cuales 213 casos han sido asignados a su conocimiento y 22 a la justicia penal militar. Es decir, que los jueces militares siguen reteniendo casos de violaciones de derechos humanos, contra lo recomendado por el Comité.

Sobre el DAS, que sigue vivo y coleando, el Comité esperaba que a estas alturas ya se hubiera eliminado ese organismo y se hubiera creado “un mecanismo nacional de depuración de los archivos de inteligencia, en consulta con víctimas y organizaciones interesadas, y en coordinación con la Procuraduría”. El proyecto de ley estatutaria de inteligencia, que se encuentra en revisión en la Corte Constitucional, simuló hacerlo: creó una comisión presidida por la Procuraduría para formular recomendaciones al Gobierno al respecto, pero sin dientes.

¿Qué veredicto se puede esperar del Comité si sus recomendaciones han sido a tal punto ignoradas?

* Director Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna están en www.coljuristas.org
 

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