Por: Cecilia Orozco Tascón

JEP: discutir con seriedad

Juan Lozano, comentarista de El Tiempo que aprecio por el respeto que le imprime a sus intervenciones con independencia de si su interlocutor comparte sus puntos de vista o no, escribió su más reciente columna sobre una noticia que ha dado vueltas en medios tradicionales y virtuales durante varios días: viajes al exterior autorizados por la Justicia Especial de Paz, JEP, a exguerrilleros que se acogieron al Acuerdo y, por ende, al sistema judicial creado para examinar y sancionar los delitos de guerra. “JEP Tours; cachetada a las víctimas”, tituló Juan la columna en que se une a las críticas que generó el permiso que se le dio, para ir durante una semana a Isla Margarita, a Fernando Arellán, antiguo militante de las Farc condenado a 40 años de prisión por el terrible atentado al club El Nogal. Por supuesto, la indignación expresada por muchos, en especial por algunas víctimas o por ciudadanos del común bien intencionados, es explicable: quien delinque y quien lo hace con la crueldad que implica matar a cientos de seres humanos con un bombazo, debe perder sus derechos, empezando por el de la libertad de desplazamiento.

Sin embargo, los dardos lanzados por este episodio incidental contra las bondades fundamentales del Acuerdo de Paz por otras personas - cuyo oficio es político o cuya tendencia ideológica coincide con el extremismo derechista - envenenan la discusión con un fin nada altruista: acabar de destrozar lo que queda de un proceso que, dígase lo que se diga, permitió que miles de otras vidas humanas continuaran cortándose.

Para la muestra, los ejemplos que pone el mismo Juan quien nos recuerda que el autor de la “revelación” de la noticia sobre Arellán fue el representante uribista Samuel Hoyos, conocido, entre otras cosas, por la doblez de su conducta cuando la embarra. Con seguridad, se puede afirmar que Hoyos no se deprimió con su “chiva” ni pensó en ninguna víctima, sino que brincó de la dicha porque podía “tirarse” otro pedazo de paz. Hoyos hizo, esta desproporcionada afirmación, según Juan: “La JEP (es) promotora de turismo para crímenes de lesa humanidad”. El rosario de epítetos relatados siguió con los de la periodista Salud Hernández que, haciendo gala de su gran sentido del humor, aseguró: “que el asesino Arellán se va (sic) de paseo a Isla Margarita, estupendo. Lo merece. Matar cansa y masacrar decenas, cansa más”. Y el propio columnista se dejó llevar por la emoción electoral cuando añadió de su cuenta: “nunca imaginamos que los acuerdos de paz traerían su componente de bronceadores y piña colada para crímenes de lesa humanidad”. Ningún aporte, mucha malignidad.

La presidenta de la JEP, reputada profesional del derecho, no ha sido la mejor defensora del sistema que está a su cargo. lamentablemente, se ha dejado llevar por la pequeñez de las rencillas internas y se limitó, en el caso de los permisos de viaje a Arellán y a otros exguerrilleros, a zafarse de culpa. A la doctora Patricia le hizo falta un poquito de responsabilidad institucional para explicar que no solo la JEP sino la justicia ordinaria e, incluso, la militar, tienen reglas establecidas, como en todas las democracias, para procesados que hayan obtenido el beneficio de libertad condicional. Y que cuando, en ejercicio de ese beneficio, uno de los investigados o condenados desee viajar, puede hacerlo siempre y cuando llene unos requisitos. Los exguerrilleros, los militares en retiro y los civiles que han solicitado su ingreso a la JEP firmaron un acta de compromiso que los obliga a: “1. Someterse libremente a la Jurisdicción Especial para la Paz y quedar a disposición de esta, en situación de libertad condicional… 3. Informar todo cambio de residencia a la autoridad competente. 4. No salir del país sin previa autorización de la autoridad competente”. Así, pues, una discusión ética y legal sobre el permiso de viaje a Arellán no reposa en los insultos, el incremento del odio ni las floridas exageraciones verbales sino en saber si adquirió ese derecho cuando dejó las armas, se comprometió a reparar a sus víctimas y a decir la verdad de las barbaridades que ejecutó. Y ante todo, en establecer si cumplió o no con los requisitos que firmó. Igual podría decirse en cuanto a los derechos de otros condenados por crímenes atroces a los que casi nadie se opone. Digamos, los del general Rito Alejo del Río o de los coroneles procesados por los falsos positivos. Seriedad, señores.

 

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