Por: Uriel Ortiz Soto

Juicio de responsabilidades por ola invernal

La alocución del Señor Presidente, sobre la ola invernal, fue bastante ponderada, seria y llena de razones para volver nuestra mirada sobre los desastres naturales que intempestivamente nos están apabullando y que indudablemente, se requiere de la unidad nacional para encontrarle adecuadas soluciones.

Lamentablemente, no hemos aprendido la lección sobre el manejo de almacenamientos e inventarios de productos de la canasta familiar, para hacer frente a la crisis que estamos viviendo. Ya escuchamos al señor Ministro de Agricultura, la decisión de importar alimentos en el inmediato futuro, situación que puede presentarse más caótica puesto que según investigaciones realizadas, todos los Países tienen sus productos de primera necesidad en cuarentena, previendo catástrofes inesperadas. Valdría la pena que el Ministerio de Agricultura, hiciera un estudio mas juicioso, serio y técnico, sobre esta situación, puesto que existe mucha inconsistencia entre lo que se dice y lo que realmente sucede en las plazas de mercado.


De otra parte, es preocupante las graves denuncias que se han escuchado por los noticieros y los informes de fuentes autorizadas sobre la pérdida de auxilios y subsidios para los damnificados, no da más para pensar, que quienes lo están haciendo, merecen el calificativo de criminales de la más baja calaña, puesto que atentan contra la seguridad social del País, al abusar de la confianza que se les dio para cumplir misión tan altruista y delicada, como la de entregar en nombre del Estado y la Sociedad, los recaudos para suplirles las más urgentes necesidades.


En esta nueva ola invernal que según pronósticos del IDEAM, se extenderá hasta el mes de Junio, hay que sentar nuevamente en el banquillo de los acusados a las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, que una vez más, no obstante, su burocracia prepotente e inoperante, más sus abultados presupuestos, muestran su incapacidad para adoptar medidas preventivas frente al cambio climático, que según analistas seguirá indefinidamente.


Pese a los estragos que se presentaron a finales del 2010, más las advertencias de los organismos de socorro, no se tomaron los correctivos necesarios. Pero lo más grave, es que las inundaciones del año pasado aún continúan vigentes en varias regiones, y son miles las familias que dicen no haber recibido las ayudas tantas veces anunciadas por el Gobierno. Lo único cierto es que la bondad y solidaridad de los Colombianos fue inmensa, pero los resultados en vista de tantos clamores y señalamientos no dejan de ser preocupantes.  


Este nuevo capítulo, está despertando en los Colombianos de bien, la enorme frustración de no seguir contribuyendo con las ayudas humanitarias, puesto que, en parte están siendo desviadas para otros menesteres y en el peor de los casos van a parar a los haberes particulares o cuentas bancarias de algunas personas naturales o jurídicas que las han recibido para su administración y distribución. Se escucha con horror cómo varios de estos víveres se pudren en las bodegas ante la desidia de los funcionarios de turno, pero, para peor sorpresa según informaciones recibidas, algunos artículos de canasta familiar producto de donaciones, son vendidos en tiendas de barrio a  precios ínfimos.


Es verdaderamente inaudito y vergonzoso que esto suceda, puesto que se está traicionando la buena voluntad de los gobiernos amigos y de personas, que han enviado ayudas para mitigar en parte las más urgentes necesidades de miles de familias damnificadas, que en un abrir y cerrar de ojos lo perdieron todo y quedaron a la deriva, pero que desgraciadamente miles de ellas, han caídos en manos de personas inescrupulosas- llámense para peor vergüenza varios Alcaldes y Gobernadores, y muchas instituciones de papel que se hacen llamar sin ánimo de lucro, pero que lo que buscan es su beneficio personal, pescando siempre en río revuelto.


Considero que los Organismos de Control, deben iniciar sin pérdida de tiempo, una acuciosa investigación sobre estos casos de ayudas por calamidades domésticas, con el fin de generar juicios de responsabilidades y quienes resulten implicados aplicarles todos el rigor de la Ley.


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