Por: Paloma Valencia Laserna

¿Justicia antidemocrática en Colombia?

Administrar justicia es difícil; afecta la vida, bienes y libertad de los ciudadanos. Por eso debe ser reglada, de periodos cortos y controles estrictos. El diseño institucional en el contexto democrático es un reto fracasado en nuestro país.

La democracia, donde el poder corresponde al pueblo, tiene muchas fallas. Es, como lo decía Churchill, el peor sistema excepción hecha de todos los demás. Muchos colombianos son críticos de la democracia, dicen que aquí los votos se compran, se venden, se presionan y están viciados. Esto nos deja en un terreno inestable y pareciera que para muchos es mejor tener instituciones fuera del poder corruptor de la democracia. Independientes, les dicen. La cuestión es ¿En manos de quién? ¿En virtud de qué? La democracia, frágil, endeble, insuficiente, al menos nos ubica frente a una voluntad general y no particular. La idea de que hay hombres mejores o que saben más que el colectivo está ya extinta. Las verdades son consensos y lo que es bueno lo decide la sociedad misma. El colectivo es muy distinto al simple agregado de los individuos; se cristaliza una voluntad que a lo largo de la historia se ha probado menos arbitraria y más justa que la de los otros sistemas.


En busca de la “independencia” de la rama jurisdiccional esta se apartó de la democracia. La cooptación, sistema mediante el cual se elige la Corte Suprema, es antidemocrático. Consolida núcleos de poder por fuera de las orbitas del control social. Los magistrados eligen a sus pares haciendo las posibilidades de renovación remotas, y su sintonía con el querer democrático es nula. Más aún, según la Constitución esa corporación juzga los delitos de sus pares. Se nombran y se juzgan entre ellos; nadie los influye, ni controla.


En sistema penal acusatorio copiado del estadounidense tiene diferencias que sacan al nuestro del contexto democrático.  En EE.UU. el fallo del juicio lo hace un jurado plural, particular y transitorio. El juez se limita a exigir las formalidades procesales y a tasar la pena. Este jurado reduce el poder del juez y acerca el sistema al querer ciudadano -son grupo que los representa- Además, el fiscal es elegido popularmente, lo que obliga a estar en sintonía con la ciudadanía y a atender los delitos con mayor impacto social. En Colombia la Fiscalía es un poder extraño, persigue a los ciudadanos pero no los escucha ni los representa; el juez en cuya sapiencia y voluntad se encomiendan los bienes más preciados del hombre, es soberano.


La Corte Constitucional, también es susceptible de la crítica antidemocrática. Sus providencias, muchas acertadas, la convirtieron en ordenador del gasto público y última instancia de la interpretación constitucional. Lo perturbador del asunto es que para semejantes empresas, su vínculo con la democracia, aunque mayor que el de la Suprema, es también vago. En EE.UU. interprete constitucional final es el Congreso que puede revocar las decisiones de la Corte Suprema. Los congresistas tienen mayor representatividad democrática y por eso su sentir se impone incluso sobre el de la Corte.


Se habla de la politización de la justicia en Colombia y la sola idea es perturbadora, pues los teóricos del Estado han dicho la dictadura de los jueces es la más despreciable y peligrosa de todas las posibles. Revisado el asunto de manera teórica es evidente que ello puede estar pasando. La politización es precisamente el que se establezcan agendas en las ramas del poder que no corresponden a los designios democráticos, sino a los de un sector. Surgen y se desarrollan sin que el colectivo pueda influirlos. Colombia debe comprometerse con la democracia, confiar en ella y darle alas para que vuele.

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