Por: Luis Felipe Henao

Justicia bizca

La liberación de el Tuerto, reconocido rompevidrios que aterroriza varios sectores en Bogotá, ha dejado en vergüenza al sistema judicial por la falta de articulación entre la Policía y la Fiscalía. Cada una actuó por su lado y por ello no se pudieron recoger pruebas suficientes para judicializarlo. Es como si los ojos de una miraran para un lado y los de la otra para otro.

Muchos dirán que la ley está mal escrita y favorece al delincuente y no demorarán los populistas en pedir que se tipifique un delito de rompimiento de vidrio de carro ajeno. Sin embargo, lo que refleja este caso es que lo que está mal no es la ley, sino su aplicación. El Tuerto fue capturado, como se dice popularmente, con las manos en la masa y participando en un delito grave como es el hurto calificado, lo cual excluye la posibilidad de excarcelación. El problema en este caso, como en muchos otros, es que la Policía y la Fiscalía actúan de manera totalmente descoordinada y cuando los agentes llevan al capturado a la Fiscalía ésta dice que no tiene pruebas, ante lo cual cualquiera puede preguntarse si no sería más fácil que ambas entidades actuaran conjuntamente desde el comienzo para recoger las pruebas.

Este tipo de situaciones es totalmente desmotivante para los agentes de policía que luego de exponer su vida capturando a delincuentes peligrosos ven cómo el día siguiente están en libertad. Al final solo hay frustración y se sigue jugando el juego del gato y el ratón con los criminales: se capturan, se liberan, se capturan, se liberan y al final las bandas se mueren de la risa de las autoridades.

En Bogotá todo el mundo sabe cuáles son los sitios más peligrosos: la calle 19 entre carreras 7ª y Caracas, la carrera 10ª, la autopista sur, la autopista norte entre la 116 y la 129, la calle 127, la carrera 7ª entre calles 85 y 94. Lo mismo sucede en Medellín y Cali, donde la delincuencia tiene cuadras enteras en las que reina el crimen en total impunidad en un carrusel sin sentido alguno de captura y liberación.

La situación de seguridad cada vez es más grave, pero la solución no puede ser ceder al populismo facilista de pensar que con subir las penas o hacer leyes más represivas se va a reducir la criminalidad. La solución es la coordinación, tener una verdadera policía judicial y que la Policía no tenga que llamar a la Fiscalía horas después de haber hecho una captura, sino que haya un fiscal realizándola en tiempo real, con fiscales en las principales estaciones de cada ciudad para que acompañen a los agentes.

En los Estados Unidos, Francia y Alemania la Fiscalía actúa conjuntamente con la Policía y por eso la lucha contra la criminalidad sí es efectiva. En las estaciones hay fiscales disponibles que acuden al lugar de los hechos cuando se están presentando y no simplemente esperan a que les lleven los capturados para judicializarlos. Es necesario acercar la Fiscalía a los ciudadanos, de poco nos sirve una Fiscalía en los búnkeres de cada ciudad cuando los crímenes se cometen en las calles.

Hoy más que nunca es necesario aplicar la frase según la cual no es la dureza, sino la certeza de las penas lo que las hace efectivas para combatir el crimen y para ello es necesario que las autoridades actúen preventivamente en grupos de acción conjunta y no que simplemente esperen a que los procesos se caigan por falta de pruebas.

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