Por: Santiago Villa

Justicia ciega, tonta y testaruda

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tomó la semana pasada una decisión que le hará pasar un ridículo internacional al sistema jurídico colombiano, que le generaría un multimillonario detrimento patrimonial al Estado, y que podría llevar a que un hombre inocente fallezca en una cárcel de máxima seguridad por un crimen que no cometió y por una confusión de identidades.

El caso es como si Franz Kafka hubiese dirigido la película En el nombre del padre.

En el año 2005 Gilberto de Jesús Torres Muñetón, un campesino antioqueño, fue condenado a 37 años y medio de prisión por tribunales del Chocó, acusado de haber cometido la masacre de Bojayá. Ningún testigo afirma haberlo visto durante la toma guerrillera. Su condena se basa sobre el testimonio de campesinos que dijeron que tres o cuatro días antes de la masacre él estaba en Vigía del Fuerte haciendo mercado, y lo identificaron como alias “El Becerro”, temido comandante del Frente 57 de las Farc.

Cuando se hizo la sentencia jugaba en contra de Gilberto que, en ese entonces, las Fuerzas Armadas creían que alias “El Becerro” se llamaba Gilberto Torres Muñetón (de hecho, en 1997 Gilberto ya había sido arrestado en Antioquia por esta confusión de identidades). Los tribunales sumaron la coincidencia de nombres y los testigos suministrados por el fiscal antiterrorismo, que decían que este hombre era alias “El Becerro”, y aunque, repito, nadie lo vio participar la masacre, sumaron uno más uno y se acabó: casi 40 años de prisión y una multa de 4.250 salarios mínimos a un hombre que en ese entonces apenas si tenía medios para sacar adelante a Alexander y Marcela, sus dos hijos, quienes hace más de siete años no ven a su padre frente a frente.

Pero mientras que la justicia se quedaba con esta “verdad procesal” (eufemismo empleado por jueces y abogados para referirse muchas veces a algo que no es cierto en la vida real pero que fue avalado en alguna instancia jurídica), las Fuerzas Armadas actualizaron su información. En sus listas de los hombres más buscados cambiaron la imagen del campesino recién condenado por la de otro individuo, y a pesar de que “El Becerro” supuestamente estaba preso, jamás dejaron de realizar operativos para capturarlo o darlo de baja. O sea, mientras que la justicia colombiana emitía una condena a Gilberto Torres, las fuerzas del orden redoblaban sus esfuerzos en Chocó y Antioquia para neutralizarlo.

En diciembre del 2010, el vocero de la Policía Nacional, Wilson Baquero, dijo que tenían identificado a alias “El Becerro” y que éste no era la persona que estaba presa en Cómbita. De hecho, hoy en los archivos de las Fuerzas Militares “El Becerro” figura no como Gilberto Torres, sino como José David Suárez (C.C. 5.877.990 de Cunday, Tolima). Un ex agente del DAS que durante años realizó labores de inteligencia para capturar a “El Becerro” me dijo también que se había cometido un error, y le ha solicitado sin éxito a la Corte Suprema de Justicia que escuche su testimonio. Según las fuentes de inteligencia “Gilberto Torres Muñetón” era un alias que empleaba el comandante guerrillero, no su verdadero nombre.

La demanda para que la Corte Suprema revise el caso fue negada en mayo del 2012 por la Sala de Casación Penal. La tutela que alega violación a la legítima defensa fue negada en octubre del 2012 por la Sala Civil. La Corte alega que “la posibilidad de demostrar que el condenado es por completo diferente al verdadero comandante guerrillero alias “Becerro”, no puede conducir automáticamente a descartar su participación y consecuente responsabilidad penal que se le atribuyó a título de coautor inmediato”.

Pareciera que para la Corte Suprema de Justicia, aunque Gilberto Torres no sea “El Becerro”, igual debe pagar por los crímenes de “El Becerro”.
La única instancia que aún les queda a los abogados de Gilberto de Jesús Torres es una tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura. Luego vendría el sistema interamericano de justicia, donde se podría condenar al Estado colombiano por esta injusticia, y ordenar una multimillonaria indemnización para la familia de Gilberto.

El problema es que Gilberto Torres, de 54 años, padece de una avanzada diabetes tipo 2, su salud es frágil y de aquí a que el caso se falle en la Corte Interamericana él podría ya haber muerto en la cárcel.

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