Por: Hernando Gómez Buendía

Justicia contra impotencia

“La historia sucia no puede tener un final limpio”. Esta penosa reflexión de McNamara a propósito de la guerra de Vietnam vale también para las guerras —y las paces— de Colombia.

Hay que decirlo sin ambages: la “justicia transicional” no es más que la admisión de que el Estado fue incapaz de cumplir su tarea fundamental, que es aplicar la justicia. Y el Estado colombiano lo ha admitido nada menos que 91 veces, porque entre 1810 y 2010 concedió 26 amnistías y 65 indultos para borrar los delitos o las penas por razones “políticas”.

La última y la más masiva de esas admisiones fue la llamada “Ley de Justicia y Paz”, que por cuenta de Uribe perdonó los horrores de más de 30.000 paramilitares, de los cuales menos de mil han sido procesados y ya están por quedar en libertad. El senador Uribe nos debería cuando menos el pudor de no hablar más de víctimas, tribunales especiales o mano dura para otros criminales.

Pero Uribe o no Uribe, los colombianos estamos abocados otra vez a una terrible decisión, que debería ser ética pero de hecho es política y se disfraza de argumentos jurídicos.

La cuestión ética no es tan sencilla como exigir justicia. De hecho, la cuestión no existiría si la justicia pudiera ser aplicada a todos los culpables. Así que, más allá de la ética infantil y fundamentalista de los “duros” —que además son casi todos duros contra uno solo de los bandos—, la ética de adultos se basa en entender que hay valores distintos y que a veces hay que sacrificar el uno para lograr el otro. ¿Cuánto hay que perdonar para lograr la paz?

Nadie tiene la respuesta a tamaña pregunta, pero al menos convengamos en tres cosas. En que la discusión debe ser pública, franca y razonada. En que las víctimas tienen que estar presentes. Y en que el rasero para todos los casos debe ser uno solo: el mínimo de perdón para el máximo de paz que en efecto resulte del acuerdo.

Esos criterios sustentarían la decisión política si el Estado en verdad representara el bien público y no estuviera penetrado por los criminales a quienes está perdonando. Por eso el perdón es más legítimo o menos detestable cuando se extiende a los enemigos del Estado en vez de a sus amigos, o aún a sus agentes. Pero también por eso en el mundo real el Estado es más duro cuando se trata de la paz con el enemigo que cuando busca la paz entre amigos.

Esos problemas éticos y realidades políticas se mezclan y se chocan más que todo en debates jurídicos que casi nadie entiende. Que cuáles crímenes prohíbe perdonar el Estatuto de Roma, que si el “delito político” es constitucional y si es la base de la justicia transicional, que si cabe un tribunal paralelo para los militares “injustamente” condenados por otros tribunales...

Pero resulta que los jueces, igual que los políticos, son nada más que la expresión del pueblo que representan. Y por eso el final de una historia no puede ser más limpio que el comienzo. 

*Hernando Gómez Buendía ** Director de www.razonpublica.com.

 

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