Por: Román D. Ortiz

¿Justicia contra seguridad?

EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO, LOS jueces ocupan una posición de privilegio. Convertidos en intérpretes de la ley, sus decisiones están destinadas a resolver dilemas que pueden definir el rumbo de una sociedad. Desde luego, esta enorme influencia no les libra de equivocarse.

Más bien, hace que sus errores puedan tener un efecto demoledor sobre las perspectivas de paz y prosperidad de una nación. Este parece ser el callejón sin salida al que conduce una cadena de decisiones de la Corte Suprema que amenazan con privar al Gobierno de las más elementales herramientas para proteger a sus ciudadanos.

 El último de estos controvertidos fallos ha sido la decisión de negar validez judicial a  la información incautada en los computadores de Raúl Reyes. Con base en un argumento de forma, la Corte ha negado a la sociedad la posibilidad de esclarecer las complicidades políticas con las Farc. El argumento esgrimido resulta cuando menos peculiar. Los militares a cargo de la operación no estaban habilitados para recoger evidencias judicializables y en cualquier caso éstas fueron obtenidas sin autorización de las autoridades ecuatorianas. Semejante planteamiento encierra al menos dos trampas.

Primero, resulta inverosímil que dichas pruebas hubiesen podido ser recolectadas con la aquiescencia de un gobierno entre cuyos miembros la guerrilla contaba con simpatizantes.

Segundo, dado que las Fuerzas Militares son la herramienta de seguridad con que el Estado actúa en el exterior y las colombianas no pueden recoger evidencias judiciales, no existe modo de actuar legalmente contra un grupo armado que se oculte tras la complicidad de un gobierno extranjero. En otras palabras, no hay forma de combatir el terrorismo internacional.

 Con anterioridad, la Corte ha emitido doctrina igualmente gravosa para el desarrollo de unos servicios de inteligencia que combinen el respeto a la ley con la efectividad en la protección de los ciudadanos. En el contexto del mal llamado caso de “las chuzadas del DAS”, se ha insistido en que cualquier recolección de datos personales por una agencia de información requiere autorización judicial previa. Semejante planteamiento va más allá de las garantías exigidas en democracias como la británica o la española. En estos países, existen mecanismos para controlar las actividades de inteligencia que interfieren con derechos fundamentales como la privacidad de las comunicaciones. Pero más allá de estas restricciones, los agentes son libres de revisar un enorme volumen de datos personales como los movimientos de una tarjeta de crédito o los viajes de un individuo. Sin este margen de maniobra, el trabajo de inteligencia resulta imposible.

Es falso que este garantismo extremo sea la única opción posible bajo la actual legislación. De los jueces de una Corte Suprema se espera la habilidad profesional para interpretar la ley con miras a responder a nuevos retos como la capacidad de los terroristas para ocultarse detrás de una frontera. Aferrarse al mantra del carácter sagrado de ciertas formas legales e ignorar las amenazas a que se enfrentan las democracias supone debilitar la capacidad de los gobiernos para proteger a sus ciudadanos. Un pecado cuyas consecuencias se miden en vidas humanas segadas por la violencia.

 * Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y consultor en temas de seguridad.

 

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