Por: Nicolás Uribe Rueda

Justicia: delitos sexuales, corrupción e inseguridad

Hace dos días amanecimos indignados por cuenta de un informe del Inpec según el cual cerca de 2.800 abusadores sexuales de menores quedarán libres en los próximos cinco años, a pesar de que estos delitos tienen las penas más altas. De acuerdo con Medicina Legal, en 2018 se cometieron 64 abusos cada día.

Días antes salieron de la cárcel el magistrado que se dice era el jefe del cartel de la toga y un reconocido defraudador de la salud. Cuando en el buscador de Google se pregunta por noticias con “vencimiento de términos” aparecen más de 73.000 resultados en 0,19 segundos. Reficar, Interbolsa, alcaldes corruptos, narcos, guerrilleros y demás, todos vía fast track, de regreso a la organización delincuencial de donde fueron extraídos. Billones de pesos se pierden por corrupción y los condenados se cuentan con los dedos de una mano. Es el pan de cada día. Corruptos de profesión ven la sanción penal como un simple riesgo laboral que, con baja probabilidad de ocurrencia, están dispuestos a correr.

La inseguridad está en la cima de las preocupaciones ciudadanas y, a pesar de los esfuerzos para combatirla, los alcaldes no dejan de quejarse de la poca colaboración de la justicia para judicializar y condenar a atracadores, extorsionistas, apartamenteros, fleteros y expendedores de droga. Nadie quiere denunciar y la reincidencia es la palabra más usada en el debate.

Cada día, con cada escándalo que nos ofende, se expide una nueva norma para conjurar la inseguridad, combatir la corrupción o impedir que los violadores de niños queden libres. Pero poco cambia con reformas legales y políticas públicas si no se actúa también desde la justicia. Sí. Es necesario reformar la justicia que, sin generalizar, está también plagada de casos de corrupción y no es ajena a los vicios de la politiquería y sus peores prácticas. La justicia para el colombiano es contundente y eficaz en los medios de comunicación, pero errática en los despachos, lenta como la tortuga, debilucha con los criminales, oscura en sus procedimientos y confusa para solucionar las controversias de millones de personas.

Sin embargo, la corrección política impide hoy discutir abiertamente sobre la justicia y sus problemas, sobre su ineficacia, sobre la falta de recursos y sobre sus desviaciones y arbitrariedades. Caló en la opinión la idea de que abordar estos asuntos proviene de quienes están interesados en evitar su propio juzgamiento. Se creó la tesis de que cualquier crítica es dañina y que incluso la discrepancia con los fallos equivale a un desacato judicial. Y por eso se pasan por alto las filtraciones indebidas, la politización de los fallos, la demora en la toma de decisiones y la ambigüedad acomodaticia e incertidumbre de sus decisiones. Es lamentable ver a la Rama Judicial peleando con Congreso y partidos por el último lugar de las encuestas de favorabilidad.

Algo de determinación no les vendría mal a los más encumbrados operadores judiciales para promover desde adentro una reforma judicial que contribuyera a rescatar su prestigio y, mejor aún, recuperar el rol que cumple a la hora de garantizar la pacífica convivencia en sociedad. Reconocer las dificultades de una justicia emproblemada no es una presión indebida, sino el primer paso para trabajar en su recuperación.

@NicolasUribe

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2019-08-25T00:00:41-05:00

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2019-08-25T04:15:36-05:00

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